La diputada provincial Lionella Cattalini (Partido Socialista) presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando que se avance con urgencia en el expediente que investiga al juez federal Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario.
La legisladora amplió la información ya existente y aportó nuevos elementos que, según explicó, “refuerzan la necesidad de una actuación urgente por parte del Consejo, para garantizar la transparencia y la credibilidad del Poder Judicial”.
Entre los nuevos datos incorporados, Cattalini señaló una investigación penal vinculada a una operación financiera de diez millones de dólares presuntamente autorizada por Salmain a favor de una empresa relacionada con el empresario Fernando Whpei. De acuerdo con la presentación, Whpei habría declarado que el magistrado se quedó con un porcentaje de la operación.
Además, la diputada mencionó testimonios que lo vinculan con pedidos de dinero a cambio de decisiones judiciales, así como denuncias por acoso y persecución laboral dentro de su juzgado. “No puede haber jueces sospechados de corrupción o abuso de poder al frente de causas tan sensibles”, afirmó Cattalini.
La dirigente socialista pidió especialmente a la jueza Alejandra Provítola, quien está a cargo de la acusación en el Consejo, que “avance con la celeridad y la seriedad que el caso requiere”. Y agregó: “La sociedad necesita volver a confiar en las instituciones, y eso exige que el Consejo actúe con responsabilidad y sin dilaciones”.
Antecedentes del caso
Salmain está bajo investigación desde julio pasado, cuando se descubrió que omitió declarar en su currículum un antecedente de cesantía, dispuesto hace dos décadas, cuando fue separado de la Justicia Federal porteña por un intento de soborno.
A raíz de esa omisión, el Consejo de la Magistratura inició un proceso disciplinario. En agosto de este año, Cattalini solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una copia de los antecedentes presentados por el magistrado para concursar en 2022, junto con la resolución de cesantía que no había consignado en su declaración jurada. Luego, esa documentación fue remitida al Consejo.
“La omisión de antecedentes de esta naturaleza reviste una gravedad institucional. Ocultar información en una declaración jurada impide que el Consejo de la Magistratura y el Senado, órganos responsables de evaluar y designar magistrados, puedan ejercer los controles e impugnaciones correspondientes”, subrayó la diputada.
Finalmente, Cattalini advirtió que “cada día que pasa sin respuestas afecta la credibilidad del sistema judicial”. Y concluyó: “Es momento de actuar con decisión para que la Justicia vuelva a estar a la altura de lo que la sociedad espera”.
