El Ministerio Público Fiscal de Rosario solicitó la detención del juez federal Gastón Salmain, acusado de haber favorecido una maniobra financiera millonaria mediante una medida cautelar que permitió a una empresa vinculada al empresario Fernando Whpei adquirir 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en diciembre de 2023, cuando aún regía el cepo cambiario.
El pedido fue presentado por un grupo de seis fiscales federales, entre ellos el coordinador del Distrito Rosario, Javier Arzubi Calvo, y Federico Reynares Solari, con el acompañamiento de representantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (PIA).
De acuerdo con la investigación, Salmain ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) venderle dólares al precio oficial a un fideicomiso controlado por Whpei, con el argumento de que la operación estaba destinada a cancelar deudas con acreedores del exterior. Sin embargo, esos acreedores nunca fueron debidamente constatados, lo que encendió las alarmas de los investigadores.
La maniobra bajo sospecha
Según la hipótesis fiscal, la medida firmada por Salmain el 5 de diciembre de 2023 permitió que el fideicomiso comprara dólares a $380, que luego habrían sido revendidos en el mercado informal, donde la cotización rondaba los $995 por dólar, generando una ganancia de alrededor de dos millones de dólares.
Los investigadores presumen que el juez se habría quedado con el 15% de esa diferencia, mediante una operatoria acordada con Whpei y con el escribano santafesino Santiago Busaniche, un lobista con vínculos en el Poder Judicial Federal y antecedentes laborales en el Congreso de la Nación. Busaniche, además, fue imputado este miércoles por prevaricato y tráfico de influencias en la causa contra el exjuez federal Marcelo Bailaque, quien renunció en julio pasado tras ser acusado de extorsionar a un agente de Bolsa junto al propio Whpei.
La maniobra se concretó pocos días antes del cambio de gobierno nacional. Aunque la Cámara Federal de Rosario dejó sin efecto la medida apenas asumió Javier Milei, el caso quedó registrado en el sistema financiero y desató una serie de denuncias por presunto cohecho, abuso de autoridad y defraudación al Estado.
Allanamientos y causas paralelas
Mientras el pedido de detención de Salmain ingresaba al Juzgado Federal de Carlos Vera Barros, quien debe resolver si autoriza la medida, este miércoles al mediodía su despacho en Entre Ríos al 800 fue allanado por orden del juez federal Román Lanzón, en el marco de otra investigación.
Esa segunda causa se originó luego de que, el pasado 16 de octubre, los fiscales ordenaran un allanamiento en el domicilio del magistrado en Buenos Aires, vinculado al expediente del fideicomiso “Atila”. Según fuentes judiciales, mientras regía el secreto de sumario, Salmain intentó interferir en la investigación al enviar un oficio con membrete de su juzgado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la fuerza que había ejecutado la medida, pidiendo información sobre los motivos del allanamiento.
Esa acción, considerada improcedente por los fiscales, motivó la requisa de su oficina y el secuestro de su teléfono celular y computadora personal, además de una revisión de documentación bajo su custodia.
Un juez con pasado polémico
Salmain, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, fue designado juez federal en Rosario dentro del fuero civil y comercial, pero su trayectoria judicial está marcada por episodios controvertidos. En 2002, la Corte Suprema de la Nación lo cesanteó por unanimidad de su cargo como empleado judicial tras comprobar que había ofrecido un soborno para direccionar un expediente.
Actualmente, también está bajo investigación disciplinaria en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en un expediente instruido por la jueza penal Alejandra Provítola, consejera de la Comisión de Disciplina.
Un fuero federal convulsionado
El pedido de detención de Salmain se produce en un contexto de fuerte tensión y crisis de credibilidad en la Justicia Federal de Rosario, sacudida en los últimos meses por denuncias de corrupción y presiones políticas.
En julio, el exjuez Marcelo Bailaque presentó su renuncia tras quedar imputado en una causa por extorsión y tráfico de influencias que también involucra a Whpei y al escribano Busaniche. Y en los últimos días, el juez Carlos Vera Barros, quien ahora debe resolver sobre la situación de Salmain, fue señalado en una audiencia imputativa por presuntas irregularidades en otro expediente.
Si bien el magistrado aún goza de fueros y no puede ser detenido sin la autorización de un juez competente, la solicitud del Ministerio Público Fiscal constituye un hecho inédito en la historia judicial reciente de Rosario, al involucrar a un juez en ejercicio acusado de favorecer una operación financiera irregular de magnitud internacional.
