En un punto del país fundamental para el comercio agroindustrial —la zona de puertos del río Paraná—, ha quedado al descubierto una realidad más dolorosa de lo que muchos quieren admitir: la corrupción estructural en la justicia federal de Rosario. Mientras los contenedores se descargan, los buques circulan y la soja fluye al mundo, nuestros mecanismos de control, investigación y sanción están tan corroídos que permiten que los grandes cargamentos ilícitos pasen como si nada.
El caso del juez federal Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario, es apenas la punta del iceberg. Bailaque está imputado por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, y está bajo investigación por resolución del Consejo de la Magistratura.
Según la acusación, habría favorecido al narco condenado Esteban Lindor Alvarado —uno de los capos más sangrientos de nuestra región— al demorar medidas de investigación mientras compartía, entre otras vulnerabilidades, el mismo contador que la organización criminal.
A su vez, en paralelo, se solicitó la detención del juez federal Gastón Salmain por haber avalado la compra de 10 millones de dólares a precio oficial vinculados al financista imputado en la trama que involucra a Bailaque.
Cuando la jurisdicción federal en Rosario —la que tiene bajo su tutela las investigaciones de narcotráfico y delitos federales en puertos como los del complejo del Up River— es ineficiente, permeable o está tomada, la consecuencia no es local: es estratégica. Los cargamentos de cocaína que se descubren “por suerte”, los buques que descargan sin controles en muelles que deberían estar blindados, los narcos que operan pistas de aterrizaje a 1 km de la hidrovía, todos son síntomas de un sistema que falla.
Bailaque, según la fiscalía, participó de maniobras que favorecieron el armado de causas sobre empresarios para extorsionarlos, pidió coimas en dólares, y permitió la transferencia de miles de millones de pesos del sector portuario a mutuales controladas por sus allegados.
Y mientras tanto, la “justicia” federal que debía investigar a Alvarado entró en inacción o retraso contagioso. En una ciudad que sufrió décadas de violencia de bandas, el atraso judicial fue parte del engranaje que permitió que los homicidios se multiplicaran.
¿Cómo se puede permitir que los puertos del up River sean observados por el mundo como un lugar de tolerancia logística al narcotráfico? Porque no solo se trata de fronteras, aduanas o buques: se trata del estado de derecho, de que el juez deja de ser garante para transformarse en actor de la trama. Cuando la inmunidad, la demora judicial, el amiguismo o el financiamiento ilícito se conjugan, se genera un ecosistema en el que el crimen organizado se mueve con impunidad.
Esto no es una excusa para que el Estado no actúe. Es una advertencia: la justicia federal de Rosario debe dejar de ser “la justicia que nunca ocurre” y convertirse en un referente de la fiscalización del crimen económico y del delito del narcotráfico. No puede seguir siendo que los grandes decomisos, como los 1000 kg de cocaína del narco Bilbao en Timbúes o los 900 kg en un barco en el muelle de Vicentin, se vean como “casos fortuitos” y no como consecuencia de una inteligencia estatal sólida.
La sociedad, los trabajadores portuarios, los exportadores limpios, los ciudadanos que pagan impuestos, merecen que los tribunales federales funcionen, investiguen, sancionen. Y que los jueces actúen con la ética que exigen los ciudadanos, no con privilegios que permiten el negocio narco + puerto + comercio exterior.
Hay 20 años de corrupción extrema en la justicia federal de Rosario que están saliendo a la luz al mismo tiempo que en otras jurisdicciones se juzga la causa de los cuadernos —una estructura de empresarios y funcionarios que se quedaban con un porcentaje de la obra pública—. Esa simultaneidad no es casual: es la señal de que cuando se debilita la ética pública, se debilita todo lo demás: la transparencia, la competitividad, el acceso a mercados.
Por eso el complejo de puertos del up River no tiene acceso nacional y provincial como debería, y su prestigio quedó dañado frente al mundo. Pero no solo es un daño local: es un daño para la Argentina exportadora, para su empleabilidad, para las pequeñas y medianas empresas que operan con legalidad.
Corregir esto exige más que sanciones puntuales. Exige reforma institucional, control ciudadano, vigilancia periodística y sanción ejemplar. Y sobre todo, exige dignidad para quienes confían en que la justicia funciona. Porque mientras la corrupción judicial siga siendo la regla, la hidrovía será una puerta abierta para el crimen, y Rosario será un puerto que carga grano… y también carga impunidad.
