El Astillero Río Santiago (ARS), considerado históricamente una de las mayores industrias navales de Latinoamérica, vuelve a quedar en el centro del debate tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno bonaerense.
Según el cálculo de recursos y gastos que Axel Kicillof envió a la Legislatura, la empresa estatal demandará $105.175 millones para funcionar el próximo año y solo generará $1.210 millones, equivalentes al 1,15% de sus necesidades operativas. El desbalance, que vuelve a encender alarmas políticas y técnicas, será uno de los puntos de mayor tensión en el tratamiento legislativo de las cuentas públicas.
Fundado en 1953 por Juan Domingo Perón y ubicado sobre 33 hectáreas en Ensenada, el ARS supo ser la mayor constructora naval de la región. Sin embargo, hace más de 20 años que no firma un contrato para construir un buque de gran porte, y su productividad actual es casi nula. A pesar de ello, la empresa absorbió un presupuesto para 2026 que supera ampliamente al del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, del que depende, que tendrá $42.156 millones.
Una estructura que funciona como “fábrica de sueldos”
El astillero cuenta con 2.700 trabajadores, y destina el 93,5% de su presupuesto a sueldos, con un salario promedio de $2.800.000 mensuales por operario. Este volumen coloca al ARS por encima de numerosas dependencias provinciales en términos de gasto, como la CIC, los ministerios de Trabajo, Desarrollo Agrario y Economía, o incluso el Instituto Cultural.
El contraste con otras políticas provinciales expone la magnitud del costo operativo: la Provincia destinó $15.100 millones a créditos para impulsar el comercio; $1.540 millones a asistencia por desastres naturales; y $8.000 millones para financiar fiestas populares en 85 municipios. Juntos, estos rubros apenas alcanzan un 20% del presupuesto anual del astillero. No sorprende que portales especializados hayan llegado a calificarlo como “una fábrica que solo produce recibos de sueldo”.
Pese a su enorme infraestructura, desde el propio ARS admiten que hay galpones que no se utilizan desde hace dos décadas, mientras los convenios sindicales mantienen un sistema de tres turnos diarios, incluso nocturnos, donde los operarios cobran pluses aun cuando “no hay nada para hacer”.
Crisis de conducción y conflicto gremial
La empresa lleva casi tres meses sin presidente, tras la renuncia de Pedro Waseijko, quien había sido designado en 2019 y dejó el cargo alegando “presiones gremiales”. El sindicato ATE Ensenada, encabezado por Francisco “Pancho” Benegas, tiene una fuerte influencia interna y se oponía a la política de depuración de personal impulsada por Waseijko, quien reconoció haber dado de baja a casi 500 empleados por inasistencias reiteradas.
Según el ex titular del ARS, la facción sindical buscaba mantener el número total de trabajadores e incluso propiciaba el ingreso de hijos y familiares directos de empleados fallecidos. La tensión gremial fue uno de los factores que derivaron en el vacío de conducción actual, aún sin resolver.
La defensa del oficialismo
Desde el Ministerio de Producción reconocen que el astillero arrastra déficits estructurales desde los años 90 y señalan como responsable al gobierno de María Eugenia Vidal (2015-2019) por haber intentado, afirman, un desfinanciamiento que hubiera llevado al cierre del complejo.
Como respaldo a su gestión, el oficialismo destaca la reactivación de obras paralizadas, como las Lanchas de Instrucción de Cadetes (LICA) para la Armada, botadas en 2021 y 2022, y las gestiones para retomar construcciones destinadas a PDVSA, como los buques “Eva Perón” y “Juana Azurduy”. También aseguran que actualmente se realizan trabajos de mantenimiento y equipamiento para habilitar futuras reparaciones navales y proyectos de ingeniería metalmecánica.
Sin embargo, el propio Presupuesto 2026 expone los límites económicos de la empresa: los $1.210 millones de facturación previstos para todo el año representan apenas el equivalente al salario anual de 33 empleados, lo que profundiza la preocupación por la sustentabilidad del astillero.
Mientras la Legislatura se prepara para debatir los 43 billones de pesos proyectados para el funcionamiento del Estado bonaerense, el Astillero Río Santiago vuelve a ocupar el centro de la discusión. Con déficit crónico, escasa producción y una estructura sobredimensionada, su futuro aparece como uno de los interrogantes más complejos y costosos, que deberá resolver la administración provincial.
