La maniobra habría generado retornos ilegales que circulaban dentro de la estructura policial, en un mecanismo sostenido y organizado desde las más altas jefaturas.
La audiencia, encabezada por el fiscal José Luis Caterina, culminó este martes con la formal imputación de todos los acusados. El juez Gustavo Pérez de Urrechu ordenó extender hasta el 14 de mayo de 2026 la prisión preventiva de tres de ellos: Juan V., Rodrigo D. y Juan H.. Para el resto se mantendrán las medidas cautelares vigentes, con prórroga automática en caso de que se presente la acusación formal.
Una estructura criminal dentro de la Jefatura
De acuerdo con la investigación, la organización estaba encabezada por el entonces jefe de la URII, Daniel A., imputado como jefe de la asociación ilícita y acusado también de peculado, cohecho pasivo y defraudación agravada. Su mano derecha, el exjefe de Secretaría Privada Rodrigo D., aparece señalado como el organizador: supervisaba la recaudación, distribuía órdenes y aplicaba castigos internos.
El fraude se articulaba en torno a la estación de servicio Gas Auto Tiferno, ubicada en Ovidio Lagos al 3900, proveedora oficial de la fuerza. Según Fiscalía, allí se emitían facturas infladas o directamente ficticias por cargas de combustible inexistentes. A cambio, los responsables del comercio entregaban retornos en efectivo cada quince días, dinero que bajaba por la cadena policial hasta llegar a la Jefatura.
Coimas, “multas internas” y extorsiones
El esquema incluía un sistema de presión hacia los propios efectivos: la llamada “Oficina de Gestión de Multas” (O.G.M.), que sancionaba a quienes se atrasaban en entregar el dinero. Las “multas” internas no solo implicaban pagos en efectivo sino también dádivas como bebidas alcohólicas caras o productos gourmet. Según la investigación, este mecanismo generó fuertes perjuicios económicos incluso entre subalternos que se veían forzados a entregar dinero para evitar represalias.
Los acusados: una red que abarcaba casi todas las secciones operativas
La lista de imputados refleja el alcance del entramado: jefes de Brigada Motorizada, Comando Radioeléctrico, Guardia de Infantería, Caballería, Grupo Táctico Multipropósito y Logística. Entre ellos se encuentran Adrián B., Fabián B., Roberto B., Nicolás C., Diego L., Diego S., Héctor S., entre otros. Están imputados como miembros de la asociación ilícita, además de peculado, cohecho pasivo y falsedad ideológica.
Dos años de maniobras en la URII
El Ministerio Público de la Acusación sostiene que el sistema operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025, sin controles efectivos y con la participación coordinada de múltiples áreas de la fuerza. El dinero ilícito –proveniente del desvío de fondos destinados al funcionamiento policial– se repartía como un circuito paralelo de recaudación, ajeno a toda normativa y alimentado por el uso fraudulento de recursos del Estado.
La investigación continúa y se esperan nuevas medidas en las próximas semanas.
