El senador nacional Miguel Ángel Pichetto volvió a sacudir el tablero político con una reflexión que atraviesa el presente institucional argentino. En una extensa charla con Alejandro Fantino y Fabián Doman en el streaming Carnaval, describió un fenómeno que, según él, está erosionando la gobernabilidad: la judicialización extrema de la política y el riesgo creciente de que la Argentina termine pareciéndose al Perú, un país donde casi todos los presidentes terminan destituidos, acorralados o directamente presos.
Pichetto planteó un contraste que sintetiza la degradación del sistema. El día que un presidente argentino jura, el Congreso lo aplaude, la gente festeja desde los balcones y la ceremonia recupera el ritual democrático. Pero cuando ese mismo presidente deja el cargo, regresa a la Casa Rosada “de contramano por Avenida de Mayo” y lo esperan decenas de denuncias en Comodoro Py. Para el senador, esa lógica muestra que “algo no está funcionando”, porque cualquier decisión de gobierno puede transformarse en una causa judicial apenas horas después, sin distinguir política pública de delito.
Según su diagnóstico, en los últimos veinte años se instaló un esquema donde el Poder Judicial terminó adquiriendo una prevalencia por encima de los otros dos poderes del Estado. Aclaró que no se trata de defender la impunidad, sino de advertir que la estructura republicana pierde equilibrio cuando la política se convierte en un campo minado de expedientes, denuncias y persecuciones que paralizan la gestión y desalientan la toma de decisiones.
Fue en ese contexto donde introdujo el concepto que más repercusión generó: la “peruanización” de la política argentina. Pichetto explicó que Perú se transformó en un laboratorio extremo de inestabilidad, con presidentes que duran poco y terminan casi siempre en prisión. Recordó que el último mandatario peruano que logró completar su mandato sin ir preso fue Fernando Belaúnde Terry en la década del 70. Después, el listado es implacable: Alejandro Toledo detenido, Pedro Castillo encarcelado, Alan García suicidado en medio de un operativo judicial y Dina Boluarte sometida a un proceso por un reloj Rolex.
Para Pichetto, ese modelo está atravesado por un poder económico concentrado, un Banco Central que funciona como un actor hegemónico y un Poder Judicial que condiciona a los gobiernos de turno. La consecuencia, según él, es un sistema donde nadie puede gobernar con estabilidad porque el riesgo de terminar acosado judicialmente es permanente. “¿Quién quiere ser presidente en un país donde todos terminan con causas?”, lanzó durante la charla, al recordar una conversación reciente con un gobernador al que le advirtió sobre los riesgos de ese escenario.
El senador sostuvo que Argentina comenzó a mostrar síntomas similares. Presidentes que asumen aplaudidos pero que se retiran enfrentando denuncias, decisiones políticas interpretadas como delitos, poderes fácticos que influyen en áreas sensibles del Estado y un clima institucional que desalienta la gobernabilidad. En su lectura, este fenómeno no es un accidente, sino un proceso que debilita a los gobiernos electos y fortalece a actores que no pasan por las urnas.
La advertencia de Pichetto reabre un debate profundo sobre el futuro institucional del país. Si la judicialización extrema continúa, el riesgo —según él— es que la Argentina reproduzca el esquema peruano, donde la presidencia se vuelve una actividad de altísimo costo personal y político, y donde la estabilidad democrática queda fracturada por un espiral interminable de denuncias, destituciones y crisis.
La frase que dejó flotando en el aire resume su preocupación: “La judicialización extrema no mejora la democracia, la destruye. Y nos está empujando al modelo peruano.”
