El presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, fue entrevistado en Up River y dejó una definición que resume el conflicto: las decisiones sobre el sistema de tasas portuarias están siendo tomadas por funcionarios provinciales que “no conocen el territorio ni la realidad que vivimos a diario”. El jefe comunal defendió el rol de los municipios portuarios, detalló cómo se sostiene la salud pública y la infraestructura local con fondos propios, y subrayó la necesidad urgente de intervenciones reales en una localidad que recibe más de un millón de camiones por año.
Fiorenza explicó que Timbúes quedó en el centro del mapa logístico nacional tras el desembarco de las terminales agroexportadoras y la expansión del polo energético. Esa transformación, dijo, multiplicó por miles el tránsito pesado dentro de un trazado urbano que nunca fue pensado para soportarlo.
Dentro de los problemas estructurales, el presidente comunal detalló uno de los puntos más críticos: el puente del río Carcarañá, sobre la Ruta 11, que se transformó en un cuello de botella nacional. Fiorenza explicó que esa estructura se apoya sobre una losa de hormigón del año 1930, diseñada para un tránsito incomparablemente menor y hoy totalmente superada por el peso y el volumen de circulación. Ingenieros de Vialidad Nacional constataron que el paquete estructural acumuló más de 25 centímetros de asfalto que ya están quebrados. “Por ese puente ingresan casi 1.200.000 camiones. Está destruido y no podemos intervenir sin autorización porque es jurisdicción nacional. Pero es la puerta de acceso al corazón agroexportador de la Argentina”, afirmó.
Además, remarcó que muchos reclamos de los vecinos tienen raíz directa en esta infraestructura obsoleta: baches, roturas, cereal en la calzada, contaminación y accidentes resonantes por la circulación a paso de hombre. “Era una pileta. Era imposible transitar”, recordó.
La discusión sobre las tasas —un eje que enfrenta a la provincia con Timbúes, San Lorenzo y Puerto San Martín— también atraviesa un componente social y sanitario que Fiorenza consideró ausente en la agenda provincial. “Ser localidad portuaria tiene un costo humano enorme. Hay enfermedades respiratorias, hay cáncer, hay un nivel de exposición ambiental que nadie cuantifica cuando hablan de tasas. Todo lo absorbemos nosotros”, destacó.
Delitos, control territorial y seguridad portuaria
Fiorenza remarcó que la gestión comunal también sostiene un sistema de control preventivo sobre delitos vinculados al transporte de cargas. “Si no controláramos el boquilleo, habría más soja en los caminos que adentro del puerto”, advirtió. Incluso relató casos concretos de personas que, al quedar sin trabajo por un tiempo, volvían a delinquir abriendo compuertas de camiones cargados. También señaló que detrás de esos hechos menores suelen existir redes de reducción y comercialización: “El que está arriba de la moto es pobre; el millonario es el que reduce”.
El presidente comunal aseguró que el territorio exige presencia diaria del Estado local, no solo para asistir a los vecinos, sino también para contener dinámicas delictivas que se incrementan cuando aumenta el movimiento de camiones. “Controlamos la delincuencia. Cuando un camión vale 10 millones de pesos, sabés lo que significa no tener controles”, planteó.
Una carga sanitaria ignorada en la discusión
La comuna sostiene un centro de salud con 135 profesionales, cuatro ambulancias y un servicio de helicóptero UTB para emergencias. “Atendemos al vecino, al camionero, al trabajador portuario y a cualquier persona del cordón. Destinamos 150 millones de pesos mensuales solo para sostener la salud”, detalló Fiorenza. También recordó que enfrentan enfermedades respiratorias graves vinculadas al material particulado que queda en suspensión tras el paso de los camiones cargados con granos fumigados.
La tensión con la provincia: planificación, jurisdicción y desconocimiento del territorio
Fiorenza reveló que, al gestionar programas o asistencia, suele recibir de algunos funcionarios provinciales la respuesta: “Ustedes no reciben porque tienen plata”. Para el jefe comunal, ese argumento desconoce el rol estratégico de Timbúes en la economía argentina y el volumen de recursos que la comuna destina a infraestructura básica, seguridad, salud y mantenimiento de rutas que son utilizadas por todo el país.
A esto se suma —señaló— un problema de diseño institucional: “La provincia quiere intervenir en los peines de acceso, que son comunales desde hace 150 años. Nosotros ya tenemos la obra lista para hacerla, tenemos los recursos y la capacidad técnica. Solo necesitamos que no interfieran donde no corresponde”.
El presidente comunal insistió en que ni la provincia ni la Nación han tenido políticas de planificación acordes al crecimiento del hub portuario. Timbúes hoy recibe entre 4.000 y 5.000 trabajadores diarios, además de los camiones. “No hubo ninguna planificación de vivienda, de servicios, ni de infraestructura. Todo lo resolvimos nosotros”, indicó.
Antes de despedirse, Fiorenza dejó un reclamo político visible: “Apoyé al gobernador, apoyo a Unidos, pero para tomar decisiones hay que conocer Timbúes. No pueden tratar a esta comuna como si fuera un municipio más. Garantizamos la paz social y el funcionamiento del sistema agroexportador argentino”.
