La resolución forma parte de una serie de acciones innovadoras que vienen adoptando los tribunales de Rosario y San Lorenzo para combatir la evasión alimentaria. En distintos casos ya se aplicó la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos y la retención de licencias de conducir para quienes incumplen con sus responsabilidades parentales.
En este caso, la abogada Cecilia Molinero, representante de la madre, celebró la decisión y la calificó como “novedosa y muy positiva”. La letrada explicó que la estrategia responde a la creciente dificultad para ejecutar sentencias alimentarias: “La ejecución de las resoluciones se vuelve cada vez más compleja. Los deudores suelen declararse insolventes o esconder sus ingresos. Pero de pagar la factura de la EPE nadie se salva”.
La cuota alimentaria supera actualmente los dos millones de pesos mensuales, un monto que se actualiza cada mes como alimentos provisorios en el marco del proceso de divorcio. La mujer posee el 50% de las empresas del deudor, pero según denunció, él retiene unilateralmente los ingresos sin cumplir con la manutención de sus hijas.
Desde el Poder Judicial señalaron que el objetivo de este tipo de medidas es asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones parentales y evitar que las maniobras evasivas de los deudores perjudiquen a los niños, niñas y adolescentes que dependen de esos recursos para su sostenimiento.
