A pedido del fiscal Esteban Venditti (PIA), el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz impuso una medida de no innovar sobre el terreno ubicado en el barrio cerrado Vida, y ordenó un embargo por 414 millones de pesos para cada uno de los imputados.
Cómo fue la maniobra
El fiscal Juan Argibay, de PROCELAC Rosario, detalló que Bailaque y su esposa pusieron en circulación fondos ilícitos al adquirir, el 24 de agosto de 2020, una unidad funcional en el country desarrollado por la constructora EDECA SA. Se firmó un contrato de cesión de derechos y acciones que involucró dos pagos: 35.000 dólares como adelanto y otros 35.000 dólares al cerrar la operación.
La investigación señala que el matrimonio administró el terreno desde entonces y que nunca pudo justificar el origen del dinero.
El dato clave: Bailaque benefició a la empresa que le vendió el lote
La causa incluye un elemento que agrava la imputación: EDECA SA estaba denunciada por evasión agravada de IVA desde 2018 ante el Juzgado Federal N.º 4, entonces a cargo de Bailaque. Aunque AFIP y la fiscalía habían pedido la indagatoria del gerente de la constructora, el magistrado ordenó la prescripción de la causa en 2021, meses después de haber concretado la compra del lote. Esa resolución ahora se investiga como parte del presunto lavado.
Testimonios y pruebas que hunden al exjuez
El financista Fernando Whpei, imputado arrepentido en otra causa donde se investigan maniobras de extorsión contra empresarios rosarinos, declaró que le entregó dinero a Bailaque y que el juez le comentó su intención de invertir en terrenos. Whpei le presentó a un gerente de EDECA, quien luego confirmó haber recibido los pagos directamente del exmagistrado.
A esa declaración se suman:
-Chats de WhatsApp entre Bailaque y el gerente de EDECA encontrados en el celular del empresario, donde coordinaban visitas al country durante 2020.
-Una reunión documentada ante escribano el 23 de junio de 2020 para avanzar con la operación.
-Comprobantes de impuestos y honorarios pagados por EDECA vinculados a la transacción.
-Documentación patrimonial que demuestra que Bailaque y su esposa no tenían ingresos que justificaran los 70.000 dólares.
Una causa que sigue creciendo
El juez Da Cruz destacó la “solvencia” de la investigación del Ministerio Público Fiscal y habilitó todas las medidas solicitadas. El terreno quedó bajo prohibición de venta y el proceso avanza hacia un posible decomiso.
Con esta nueva imputación, Bailaque enfrenta otro duro golpe judicial: se lo acusa de usar su cargo para beneficiar a una empresa con una causa penal a cambio de un negocio inmobiliario personal. Un capítulo más en una trama de corrupción que no deja de expandirse.
