La mayoría de la sindicatura plural se pronunció a favor de abrir el análisis de las impugnaciones presentadas por Molinos Agro y LDC Argentina contra los acreedores computados en la propuesta del cramdista Grassi S.A..
Dos de los tres síndicos consideraron necesario revisar crédito por crédito, depurar las mayorías y producir prueba, mientras que solo uno aconsejó rechazar todas las impugnaciones y avanzar directamente hacia la homologación.
La falta de una postura unificada quedó explícitamente reconocida por la propia sindicatura, que explicó que no fue posible arribar a un dictamen único debido al “rico y profundo debate de ideas y a las distintas opiniones surgidas”, lo que derivó en presentaciones separadas ante el juez Fabián Lorenzini.
Amut y García: abrir las impugnaciones y controlar las mayorías
Los síndicos Carlos Amut y Ernesto García, en un escrito conjunto, pusieron el acento en que no puede avanzarse hacia la homologación sin antes despejar las dudas sobre la validez de las mayorías alcanzadas por Grassi.
Para ambos, la prioridad temporal prevista en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras —el criterio del “primero que llega”— no sustituye el control obligatorio sobre si las mayorías fueron obtenidas de manera legítima. Ante impugnaciones concretas que denuncian inclusión de votos cuestionados, sostienen que la base computable debe ser depurada.
Sindicatura Contesta Vista Impugnaciones Art48[1] Firmado by SL24 Portal de Noticias
En ese marco, rechazaron la idea de un escenario binario de “homologación o quiebra”. Si tras la revisión se concluyera que Grassi nunca alcanzó mayorías válidas, entienden que resulta razonable analizar si el otro concurrente, LDC-Molinos, logró reunirlas dentro del plazo legal.
Amut y García también coincidieron en reconocer la legitimación activa de LDC-Molinos para impugnar el acuerdo, apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema. Pero fueron más allá: remarcaron que la impugnación incluye ofrecimiento de prueba aún no producido, por lo que avanzar sin sustanciarla podría afectar el derecho de defensa y abrir la puerta a futuras nulidades.
Entre los puntos que, a su criterio, requieren un trámite incidental específico, mencionaron los cuestionamientos por presunto fraude o tráfico de votos, especialmente en relación con Avir South S.A.R.L. y su vinculación con Grassi, así como las dudas sobre la legalidad de algunas opciones complejas de la propuesta que no encuadran en el esquema tradicional de quita y espera.
Telesco: rechazo total de las impugnaciones y aval a la propuesta de Grassi
En una posición minoritaria dentro de la sindicatura, el síndico Diego Telesco aconsejó el rechazo de todas las impugnaciones, tanto las formuladas por acreedores individuales como las presentadas por LDC Argentina y Molinos Agro.
Respecto de la supuesta abusividad económica y de la Propuesta Residual C.1 de la propuesta de Grassi, Telesco sostuvo que, aunque la oferta de LDC-Molinos podría resultar más conveniente para acreencias menores, esas categorías representan un porcentaje marginal del capital computable, por lo que las objeciones no se ajustan al sistema de mayorías previsto por la ley concursal.
Sindicatura Contesta Vista – Diego Telesco by SL24 Portal de Noticias
También recurrió a la doctrina de los actos propios, al remarcar que algunos acreedores que hoy impugnan la propuesta de Grassi habían adherido a opciones de la oferta de LDC-Molinos con recuperos similares o incluso inferiores.
En cuanto al planteo central de LDC-Molinos sobre exclusión de votos, Telesco reconoció su legitimación para impugnar, pero rechazó el fondo del planteo al considerar que no existe impedimento legal para que un acreedor cramdista vote su propia propuesta, y que las causales de exclusión previstas en la LCQ son taxativas y no aplicables al caso.
Un expediente cada vez más trabado, ahora sin riesgo de quiebra
Con dos síndicos recomendando abrir la causa a prueba para evaluar las impugnaciones y uno pidiendo avanzar directamente a la homologación, el concurso de Vicentin suma un nuevo foco de tensión jurídica. La decisión ahora queda en manos del juez Lorenzini, que deberá definir la hoja de ruta para zanjar la controversia jurídica.
