La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien remarcó que la medida no implicará recortes en pensiones ni en prestaciones para personas con discapacidad. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó en conferencia de prensa en Casa Rosada.
Adorni justificó la disolución al señalar que la ANDIS, creada en 2017 como organismo descentralizado, acumuló “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. En ese marco, enumeró graves irregularidades detectadas: pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios inexistentes.
Entre los casos mencionados, destacó el de la Fundación METAS, que declaraba brindar apoyo escolar pero funcionaba en condiciones precarias, sin servicios básicos ni infraestructura adecuada.
Con su incorporación al Ministerio de Salud, el Gobierno anticipó que las políticas de discapacidad se administrarán con criterios sanitarios unificados, mayor control y trazabilidad de los expedientes, auditorías permanentes y sin discrecionalidad. Además, se eliminarán 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica.
Pese a la reestructuración, el Ejecutivo insistió en que no habrá recortes de derechos. “Esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, subrayó Adorni, y aseguró que el objetivo es “ordenar el sistema”, fortalecer los equipos técnicos y mejorar la atención a los usuarios y sus familias.
La decisión se apoya en una auditoría interna que detectó irregularidades de gran magnitud. Según datos oficiales, 178 mil personas que figuran como beneficiarias del Certificado Único de Discapacidad (CUD) estarían fallecidas, aunque continuaban registradas como activas. La información fue corroborada con bases del RENAPER.
Tras ese hallazgo, Vilches autorizó la baja de los certificados observados y no se descarta avanzar con acciones judiciales contra beneficiarios irregulares y prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, afirmaron fuentes oficiales.
La ANDIS había sido creada durante el gobierno de Mauricio Macri mediante el Decreto 698/2017. La actual gestión asegura que su disolución busca poner fin a las irregularidades, transparentar el uso de los recursos públicos y garantizar que las políticas de discapacidad lleguen efectivamente a quienes las necesitan.
