La decisión se mantendrá vigente hasta que el gobierno provincial de Tierra del Fuego regularice las anomalías detectadas. Además, debe garantizar condiciones básicas de seguridad y normalizar la gestión administrativa y financiera del puerto.
Fondos portuarios usados para fines ajenos al puerto
Uno de los puntos más críticos del informe oficial está vinculado al uso indebido de los recursos económicos del puerto. Según las inspecciones realizadas, el 33% del presupuesto portuario fue destinado a subsidiar gastos del gobierno provincial. Esto se da en contradicción directa con la normativa vigente y con el convenio Nación–Provincia. Este convenio establece que los ingresos del puerto deben aplicarse exclusivamente a su operación, mantenimiento e inversión.
En contraste, solo el 1,3% del presupuesto fue destinado a obras de infraestructura. Este porcentaje es considerado alarmante frente al nivel de deterioro observado. Además, hay que sumar la ausencia de registros claros de ingresos, egresos y compras. Esta situación se ve agravada por la tercerización de la administración en una empresa sin antecedentes en gestión portuaria, dedicada a rubros completamente ajenos a la actividad.
Infraestructura deteriorada y riesgo operativo
Las inspecciones técnicas confirmaron fallas estructurales de consideración, entre ellas:
- Faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, con impacto directo en la seguridad de atraque.
- Defensas del muelle severamente desgastadas y problemas en el tablestacado.
- Deterioro de la carpeta asfáltica y deficiencias en los drenajes.
- Carencias en sistemas contra incendios, señalización y alumbrado.
El informe también advierte sobre deficiencias en los protocolos de seguridad operativa. Esto ocurre especialmente en un puerto donde confluyen actividades comerciales, turísticas y científicas vinculadas a la logística antártica.
Un puerto estratégico bajo intervención nacional
El Puerto de Ushuaia cumple un rol clave para la soberanía, el turismo de cruceros, la pesca, la logística regional y las operaciones antárticas. Por ese motivo, la Agencia Nacional de Puertos resolvió diferir la aplicación plena de la suspensión de la habilitación para no afectar la temporada de cruceros 2025–2026. Sin embargo, avanzó con la intervención administrativa inmediata.
Durante el período de intervención, la Agencia contará con el apoyo operativo de la Prefectura Naval Argentina en materia de seguridad y control. Mientras tanto, las principales gerencias continuarán en manos de personal técnico fueguino, sin alteración de los vínculos laborales.
Plazo definido y advertencia clara
La resolución establece que, vencidos los 12 meses, se evaluará si las irregularidades fueron subsanadas. En caso contrario, la Agencia Nacional de Puertos podrá hacer efectiva la suspensión total de la habilitación del puerto.
La intervención del puerto de Ushuaia marca un precedente fuerte en la política portuaria nacional y deja un mensaje inequívoco. Los recursos portuarios deben destinarse al puerto, garantizar seguridad y transparencia, o el Estado nacional intervendrá directamente.
