La CE publicó un documento en el que modifica los criterios vinculados al riesgo de ILUC (cambio indirecto del uso del suelo), a partir de una revisión de la expansión global de los cultivos utilizados para producir biodiesel. Como resultado de ese estudio —que estuvo apenas unas semanas en consulta— la soja fue incorporada por primera vez a la categoría de “alto riesgo ILUC”, quedando equiparada al aceite de palma.
En términos prácticos, esto implica que la Unión Europea dejará de importar biodiesel de soja o aceite de soja para ese uso, habilitando únicamente el aceite de colza, producido dentro del propio bloque europeo. De prosperar la medida y ser adoptada formalmente durante este año, las exportaciones de biodiesel de soja desde Argentina, Brasil y Estados Unidos quedarán excluidas de manera permanente del mercado europeo.
Para la Argentina, el impacto sería devastador: una pérdida comercial estimada en 350 millones de dólares anuales y, según advirtió el sector, el virtual cierre de la industria, al tratarse del único mercado externo disponible.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) calificaron la decisión como una barrera comercial encubierta. Su presidente, Gustavo Idígoras, fue contundente:
“La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiesel y dejarnos afuera del único mercado”.
Idígoras adelantó que el sector presentará información técnica que demuestra que la superficie sembrada de soja en la Argentina no crece, sino que viene reduciéndose desde hace más de una década, y que no existe pérdida de reservas de carbono en los suelos. Sin embargo, remarcó que el debate excede lo técnico:
“Todos sabemos que esto no es un debate científico sino político. La Unión Europea busca compensar a los países que cuestionan el acuerdo con el Mercosur cerrando el mercado a productos competitivos de la Argentina”.
En ese marco, CIARA y CEC confirmaron que ya se encuentran en conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía para definir una estrategia de defensa agresiva, que podría incluir un panel ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y una denuncia formal dentro del acuerdo birregional UE–Mercosur, firmado en diciembre pasado.
La paradoja es evidente: mientras aún se celebran los alcances del acuerdo UE–Mercosur, la primera medida concreta de Bruselas amenaza con destruir una de las industrias de biocombustibles más desarrolladas del país, dejando en evidencia que, una vez más, las reglas del comercio internacional se redefinen cuando la competitividad argentina incomoda.
