La Justicia de San Lorenzo volvió a quedar en el centro de la escena por una contradicción que expone, sin matices, la disparidad de criterios con los que se analizan casos penales de gravedad muy distinta. En menos de una semana, dos decisiones judiciales dejaron al descubierto una grieta profunda en el sistema: por un lado, la detención de un camionero involucrado en un accidente culposo en Puerto General San Martín; por el otro, la libertad de un joven con múltiples antecedentes por delitos dolosos contra la propiedad.
El contraste no es menor. El transportista, oriundo de María Juana, fue privado de su libertad tras un siniestro vial en el que murió una menor que conducía una motocicleta. Se trató de un hecho sin intención criminal, encuadrado legalmente como homicidio culposo. Aun así, el fiscal Maximiliano Nicosia dispuso su detención e incomunicación, pretendiendo extenderla hasta cinco días, pese a que el hombre tenía domicilio fijo, trabajo estable, ningún antecedente y ningún riesgo de fuga.
La reacción social y mediática, impulsada en gran parte por la cobertura de SL24, dejó en evidencia lo que juristas calificaron como una aberración jurídica y una clara violación de garantías constitucionales. Finalmente, el camionero recuperó la libertad, pero el daño ya estaba hecho: un trabajador fue tratado como un criminal peligroso por un hecho accidental.
En paralelo, este miércoles en los Tribunales de San Lorenzo se resolvió la situación de J.P.M., un joven imputado por una seguidilla de delitos contra la propiedad cometidos entre 2023 y 2026 en Oliveros, Timbúes y Puerto General San Martín. La fiscal Victoria Vigna le atribuyó cinco hechos: dos violaciones de domicilio con daños, tres tentativas de robo y un encubrimiento, además de un episodio que se volvió casi caricaturesco: fue encontrado dormido dentro de una propiedad que había intentado robar.
A pesar de ese historial, la Fiscalía solicitó prisión preventiva y el juez Eugenio Romanini la rechazó. El magistrado resolvió otorgarle la libertad hasta el 27 de marzo de 2026, bajo reglas de conducta: fijar residencia, firmar semanalmente, no salir de la provincia y no acercarse a los lugares de los hechos.
El joven quedó libre. El camionero, en cambio, pasó horas detenido por un accidente culposo.
El caso del imputado por robos incluye hechos graves: ingresos forzados a viviendas, daños, sustracción de herramientas, combustible, maquinaria, encubrimiento de una bicicleta robada y reiteración delictiva en distintas localidades del cordón industrial. Sin embargo, el sistema optó por una respuesta garantista. En el otro expediente, el de un trabajador del transporte, la respuesta inicial fue punitiva, desproporcionada y sin sustento legal sólido.
La pregunta es inevitable: ¿qué se castiga con mayor severidad en San Lorenzo?
¿El delito doloso y reiterado contra la propiedad o el accidente vial sin intención criminal?
La Justicia está llamada a aplicar la ley con criterios claros, previsibles y coherentes. Cuando esa coherencia se rompe, lo que se erosiona no es solo la credibilidad del sistema, sino la confianza social en que la ley rige para todos por igual.
Hoy, los hechos muestran otra cosa. Y la comparación entre ambos casos no admite relativizaciones: dos varas, dos decisiones, una misma Justicia.
