La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional volvió a encender alarmas en el cordón industrial, especialmente entre los trabajadores aceiteros, que podrían quedar alcanzados por la figura de “servicios esenciales”, limitando de manera severa cualquier medida de fuerza. Así lo advirtió el dirigente sindical Martín Morales, quien sostuvo que el proyecto no solo es regresivo, sino que “vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
“Esta reforma vulnera ampliamente la Constitución, los convenios 87 y 98 de la OIT, y pactos de derechos humanos como el de San José de Costa Rica y el de San Salvador”, afirmó Morales, al remarcar que esos instrumentos reconocen expresamente la libertad sindical, el derecho a huelga y a la organización colectiva.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto, según el dirigente, es el intento de restringir el derecho a huelga bajo el argumento de garantizar servicios esenciales. “Acá estamos frente a una reforma que pone casi como algo negativo el derecho a huelga y el derecho a asamblea. Tener que pedir permiso para hacer una asamblea o para parar es directamente anular el conflicto”, sostuvo.
En ese marco, advirtió que actividades industriales estratégicas, como la aceitera, podrían quedar incluidas dentro de esas categorías. “Si a los aceiteros nos obligan a entrar dentro de los servicios esenciales y nos exigen trabajar con el 50 o el 70% del personal, ¿qué fuerza real puede tener una medida de lucha? La producción sigue marchando y el derecho queda vacío”, explicó.
Morales también rechazó el argumento oficial de que la reforma generará empleo y reducirá la denominada “industria del juicio”. “Eso es totalmente falso. La industria del juicio va a aumentar, porque esta reforma va en contra de tratados internacionales y de derechos humanos. Hay jurisprudencia de sobra para que esto termine judicializado”, afirmó.
Para el dirigente, el Gobierno busca descargar sobre los trabajadores una crisis que no supo resolver. “Durante años nadie se quiso hacer cargo del verdadero problema, que es la crisis del empleo registrado. Y lo más fácil es decir que la culpa es de la legislación laboral. Para mí, el camino debería ser una reforma tributaria, no una reforma que saque derechos”, señaló.
Otro punto crítico es la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. “Quieren decir que un convenio está vencido, pero los convenios se negocian todos los días. Los delegados aceiteros negocian permanentemente con la patronal. ¿Qué vamos a negociar si todo está vencido? Eso es una fábrica de conflictos”, advirtió.
Finalmente, Morales fue contundente sobre el escenario que se abre si la reforma avanza. “Esto termina mal. No se puede imponer una reforma que viola la Constitución, los tratados internacionales y los derechos humanos. Si el Gobierno insiste, los gremios y los trabajadores van a dar pelea, porque lo que está en juego no es un privilegio, sino derechos básicos”, concluyó.
