La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) elevaron un documento crítico a la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. El eje del conflicto es la categorización de “Riesgo Alto” de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC) que el bloque pretende aplicar a la soja, una medida que, de prosperar, significaría el cierre total de las exportaciones de biodiesel argentino hacia el Viejo Continente.
Desde las entidades argentinas sostienen que la propuesta europea se basa en modelos teóricos con una incertidumbre estructuralmente irreducible y no en datos empíricos, lo que aleja a la normativa de los estándares internacionales de la ciencia. El documento técnico desarticula los argumentos europeos al demostrar que la eficiencia tecnológica local es sistemáticamente subestimada. Mientras que Europa asigna a la oleaginosa una eficiencia baja, los datos de la industria nacional confirman que, gracias a la siembra directa y la biotecnología, la soja argentina genera hasta 64 GJ/ha/año, superando ampliamente el promedio estimado por el modelo europeo.
Otro punto central del reclamo radica en la contradicción sobre el avance de la frontera agrícola. Al contrario de lo que supone la Comisión Europea, Argentina no está expandiendo su territorio sobre bosques nativos para producir soja; de hecho, la superficie sembrada se redujo en más de 2 millones de hectáreas en la última década. En este sentido, el informe destaca que el crecimiento de la producción se explica por procesos de intensificación, como la denominada “soja de segunda”, donde se utiliza la rotación y el doble cultivo en una misma parcela sin necesidad de ocupar nuevas tierras.
Para CIARA y CARBIO, la fórmula aplicada en el Viejo Continente impone una “responsabilidad colectiva” injusta que penaliza a los productores locales por la deforestación ocurrida en otros países. El análisis concluye que, si se aplicaran los datos validados de Argentina, el riesgo ambiental de nuestra soja sería inferior al 1%, ubicándose muy por debajo del umbral del 10% que establece la normativa para ser considerada de alto riesgo. Por este motivo, el sector solicitó formalmente la apertura de un diálogo técnico para evitar que esta medida se convierta en una barrera comercial arbitraria que afecte la seguridad energética y la economía regional.
