Luego de que tomaran estado público diversas preocupaciones y denuncias por parte de vecinos de la zona, la Asociación Civil Anide emitió un comunicado oficial para informar las acciones realizadas y fijar su postura sobre la crisis institucional. La decisión más drástica fue el traslado preventivo de los niños alojados en el Centro Residencial, una medida definida junto a las autoridades provinciales para priorizar su integridad.
El detonante y las medidas preventivas
Desde la institución explicaron que el traslado se dio en un contexto de alta tensión social que requería “descomprimir” la situación. Describieron la partida de los menores como un proceso “doloroso y angustiante”, marcando que se trató de una medida excepcional para garantizar condiciones adecuadas tanto para los niños como para el entorno.
Anide detalló una cronología de los hechos que generaron alarma. En enero de 2025, se detectaron conductas sexualizadas entre un grupo de niños, situación que fue informada a la Dirección Provincial de Niñez. Según la entidad, estas manifestaciones son frecuentes en infantes que han sufrido vulneraciones graves previas a su ingreso al hogar.
Irregularidades y cambios en el equipo
Uno de los puntos más relevantes del informe es la confirmación de que, durante el último año, se resolvieron las desvinculaciones de tres Acompañantes Convivenciales. La medida se tomó tras detectar “situaciones irregulares” en relación al cuidado directo de los niños.
Asimismo, la institución reconoció que en octubre pasado recibieron quejas de vecinos por gritos y conductas disruptivas. Ante esto, aseguraron haber sostenido 14 meses de trabajo conjunto con la provincia, incluyendo capacitaciones al personal y un plan de reubicación progresiva para niños que excedían la edad prevista para el dispositivo o que presentaban cuadros de salud mental complejos.
Un llamado a la responsabilidad estatal
La Comisión Directiva de Anide subrayó que la asociación aloja grupos de hermanos con trayectorias de vida marcadas por múltiples violencias. En ese sentido, hicieron un fuerte llamado a las autoridades políticas:
“Ninguna organización comunitaria puede, por sí sola, absorber la totalidad de estas demandas estructurales. Se requieren dispositivos estatales sólidos, recursos adecuados y políticas públicas de protección integral”.
Con casi cuatro décadas de trayectoria en San Lorenzo, la entidad concluyó manifestando su disposición al diálogo con la comunidad y ratificando su compromiso con la revisión de sus prácticas: “Cuidar también implica revisar, corregir y asumir decisiones responsables frente a contextos complejos”, finalizaron.
