La Cámara de Apelaciones de Rosario dictó un fallo de gran relevancia para el Distrito Judicial de San Lorenzo al confirmar la morigeración de la prisión preventiva para una pareja investigada en una causa penal. La resolución ratifica lo dispuesto en primera instancia por el Dr. Eugenio Romanini, quien había otorgado el arresto domiciliario con salidas laborales para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria de los imputados hacia sus hijos menores de edad.
La medida había sido apelada por la fiscalía, a cargo de la Dra. María Victoria Vigna, pero tras una extensa audiencia, los argumentos de la defensa técnica, ejercida por el letrado sanlorencino Gabriel Filippini, prevalecieron ante el tribunal superior.
El interés superior del niño como límite
El eje central del debate jurídico giró en torno a la protección de los menores, especialmente considerando que uno de los hijos de la pareja posee una discapacidad grave. La defensa sostuvo que la continuidad de una prisión efectiva perjudicaría de manera directa el sustento económico y la cobertura de salud (obra social) de los niños, quienes resultan ajenos al proceso penal.
Consultado por SL24, el Dr. Filippini expresó su satisfacción por el fallo: “Desde la defensa valoramos la decisión del Juez Romanini, quien aplicó el principio de intrascendencia de las resoluciones judiciales. Esto significa que las sanciones o medidas penales deben recaer sobre el investigado y no trascender a sus familiares o terceros inocentes, como hijos o abuelos”.
Un freno al avance fiscal
Para Filippini, este fallo sienta un precedente fundamental en la región sobre cómo deben analizarse las medidas cautelares cuando hay personas vulnerables en juego. “Afectar la fuente laboral de personas bajo investigación puede derivar en daños irreparables, como la pérdida de la cuota alimentaria o la desprotección en salud. El Estado debe ser garante de estos derechos”, señaló el abogado.
Además, el letrado fue contundente respecto al fondo de la causa: “Esta resolución pone un límite al pedido de prisiones preventivas en casos donde existen medidas menos gravosas que cumplen el mismo objetivo. Estamos encaminados a demostrar que existe un claro caso de falsa denuncia contra los imputados”.
