Su titular, Victorio Fernández, habló en Cadena 3 Rosario y aclaró que se trata de un embargo “preventivo” y que es el “único caso” de estas características que enfrenta la empresa. Según explicó, actualmente la desarrolladora tiene cinco emprendimientos en marcha, aunque en los últimos dos años, atravesados por un contexto económico adverso, decidieron frenar dos proyectos y continuar con tres para garantizar el cumplimiento de las entregas.
“Preferimos bajar el ritmo y manejar el flujo para no demorarnos en todos”, sostuvo Fernández, al justificar la estrategia adoptada por la compañía.
En relación al edificio cuestionado, señaló que lleva aproximadamente 24 meses de obra, que había sido retirado de la comercialización y que la intención es retomarlo en agosto. Además, aseguró que la empresa cumplió con el pago de la renta mensual acordada con la compradora hasta tanto se concrete la entrega de la unidad.
Respecto al proceso judicial, indicó que el conflicto “recién comienza” y que todavía no se realizó audiencia. También consideró “exagerado” el monto fijado para el embargo, aunque remarcó que respeta el derecho de la demandante a efectuar los reclamos correspondientes.
Consultado sobre la continuidad de los proyectos, fue categórico: “Se van a terminar. Por eso seguimos trabajando y dando la cara”.
