Lo que comenzó como un reclamo individual en Rosario podría convertirse en el “efecto dominó” que esperaban muchos damnificados por demoras en la construcción. La Justicia de esa ciudad ordenó un embargo preventivo de 170 millones de pesos contra la firma 3F Desarrollo SRL, luego de que una compradora denunciara el incumplimiento en la entrega de una unidad adquirida “de pozo”.
El fallo es contundente: la cautelar recae sobre el terreno y busca garantizar el resarcimiento por daños, perjuicios y los gastos de alquiler que la demandante debió afrontar ante una obra que, según el expediente, ni siquiera fue iniciada, pese a que su entrega estaba prevista para marzo de 2025.
La respuesta de la empresa: “Caso aislado”
Tras la difusión del fallo, el titular de la firma, Victorio Fernández, admitió la existencia del embargo pero aseguró que se trata de un “caso aislado”. El empresario argumentó que decidieron frenar algunos proyectos para garantizar la finalización de otros. Respecto al edificio en cuestión, afirmó que la intención es retomar las tareas en agosto y que el monto del embargo es “exagerado”.
San Lorenzo: esqueletos que marcan la ciudad
Sin embargo, el antecedente judicial llega en un momento de fuerte incertidumbre para el mercado inmobiliario de San Lorenzo, donde el paisaje urbano se ha visto alterado por obras que no avanzan.
Hay casos que ya son emblemáticos por su nivel de abandono. El más notorio es el edificio proyectado como un centro de negocios en calle Sargento Cabral, a metros de Falucho. Promocionado y comercializado originalmente por la UCI (Unión de Comerciantes de San Lorenzo), el proyecto arrastra más de 10 años de atraso, permaneciendo como una estructura de hormigón inerte en una zona estratégica.
La situación se repite en diversos emprendimientos locales: edificios que iniciaron sus cimientos en 2019 hoy, a siete años de aquel comienzo, todavía se encuentran en etapas primarias de loza, sin movimientos de personal ni avances visibles desde hace meses.
¿Un freno a la “venta de pozo”?
El fallo contra la desarrolladora de Rosario se tramita bajo la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor, una herramienta que ahora los compradores locales miran con lupa. Hasta el momento, ante los atrasos, muchas empresas solo ofrecían devolver los montos originales sin actualización, una propuesta que, con la inflación acumulada, resulta irrisoria.
Con este precedente, el riesgo para las constructoras aumenta: el embargo no solo afecta al terreno, sino que impide la escrituración de cualquier unidad incluso si la obra llegara a terminarse algún día, bloqueando la salida comercial del proyecto hasta que se indemnice al demandante.
