l asesinato de “Negrita” se encamina hacia un destino que genera profunda indignación en sus familiares y allegados: la impunidad. A pesar de los constantes pedidos de la querella para avanzar en el esclarecimiento del crimen, el proceso judicial se encuentra paralizado en la Unidad Fiscal de San Lorenzo, bajo la responsabilidad directa del fiscal Maximilliano Nicosia.
Un argumento insólito en la escena del crimen
La controversia estalló cuando la querella solicitó formalmente ampliar la denuncia para incorporar la figura de tenencia y uso de arma de fuego en la vía pública. La respuesta brindada desde la fiscalía de San Lorenzo dejó perplejos a los abogados y familiares: los funcionarios sostuvieron que no es posible determinar fehacientemente que se haya utilizado un arma de fuego debido a que no se hallaron vainas en el lugar del hecho.
Lo que para el fiscal Nicosia se presenta como una “falta de evidencia”, para los querellantes es una prueba flagrante de negligencia investigativa. Según denuncian, los únicos que realizaron una búsqueda de elementos balísticos en la zona fueron los propios vecinos del barrio. La fiscalía nunca envió a un cuerpo de peritos especializados ni al gabinete criminalístico para realizar un rastrillaje profesional que permitiera dar con las vainas servidas o cualquier otro rastro de interés para la causa.
La investigación delegada en los vecinos
La ausencia de peritajes oficiales en tiempo y forma ha comprometido seriamente la cadena de custodia y la recolección de pruebas fundamentales. La indignación de la querella radica en que se pretende utilizar una omisión propia del Estado —el no haber enviado a los peritos al lugar— como un argumento técnico para beneficiar a los responsables del asesinato y alivianar su situación procesal.
“No hay vainas porque nadie las buscó oficialmente desde el Ministerio Público de la Acusación”, es el reclamo que resuena con fuerza. Mientras los vecinos, de manera precaria, intentaban preservar la escena y buscar evidencias por su cuenta ante la inacción judicial, el paso del tiempo facilitó que pruebas vitales se perdieran o fueran alteradas.
El destino de la causa
Bajo la conducción del fiscal Maximiliano Nicosia, el caso parece haber entrado en un cono de sombra que preocupa a la comunidad. La negativa a ampliar la imputación no solo limita el alcance de una futura condena, sino que debilita estructuralmente la acusación.
Para los querellantes, la respuesta de la fiscalía es una señal de desinterés institucional. Si no se disponen peritos, si no se rastrean las armas y se ignora el trabajo que los mismos ciudadanos debieron hacer ante la ausencia de la justicia, el resultado final será el archivo o una sentencia que no repare el daño causado por la muerte de “Negrita”. La sociedad de San Lorenzo observa hoy con desconfianza un proceso donde la fiscalía parece haber abandonado su rol de investigador principal.ce haber abandonado.
