El episodio 71 de Up River contó con la participación de Mariano Moreno, Secretario General del Sindicato de Patrones Fluviales, quien recientemente encabezó una asamblea extraordinaria en Puerto General San Martín para obtener el mandato de las bases ante el nuevo escenario legal. En diálogo con Nicolás Carugatti y Jorge Metz, el dirigente calificó la reforma laboral como un diseño apresurado que ignora la particularidad del trabajador embarcado y que podría desatar un fuerte conflicto social debido a la falta de debate serio en el Congreso.
El impacto inmediato: convenios denunciados y orfandad legal
El primer efecto concreto de la nueva normativa se manifestó apenas horas después de su promulgación con la denuncia de convenios colectivos por parte de los sectores empresariales. Mariano Moreno reveló que la cámara de remolcadores ya notificó a gremios como el SOMU sobre la caída de sus acuerdos vigentes, una maniobra que busca aprovechar la derogación de la “ultraactividad”. Esta figura legal permitía que un convenio siguiera vigente hasta ser reemplazado por uno nuevo; sin ella, los trabajadores enfrentan un vacío normativo peligroso.
Bajo este nuevo esquema, Moreno advierte sobre una situación de “orfandad legal”, ya que los trabajadores embarcados no están alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo común. Al caer los convenios, las empresas pretenden regirse exclusivamente por el Código Comercial y la Ley de Navegación (20.094), la cual es eminentemente técnica y administrativa, careciendo de artículos que contemplen la previsibilidad de la relación laboral o los derechos básicos del trabajador a bordo.
La ruptura del equilibrio y el contrato individual
La reforma no solo afecta la vigencia de los acuerdos, sino que altera profundamente la balanza de poder entre las partes. Moreno explicó que la ley ahora otorga prevalencia a los acuerdos que un trabajador individual pueda alcanzar con el armador por sobre los convenios alcanzados por las asociaciones sindicales. Esta atomización de la negociación debilita la capacidad de resistencia del gremio y deja al empleado expuesto a presiones directas para aceptar condiciones inferiores.
Este cambio de paradigma transforma la estabilidad del sector en un sistema de “contratos de ajuste” por viaje, donde las condiciones se fijan según la necesidad inmediata del armador. Para el Secretario General, esta dispersión de la fuerza gremial es el primer paso hacia una precarización sistémica, donde las corporaciones empresariales operan en bloque mientras intentan desarticular la representación colectiva de los trabajadores
Hidrovía: “Se están llevando puesto el río”
En cuanto a la Hidrovía, Moreno fue categórico al criticar el proyecto de dragado a 44 pies, argumentando que se trata de una medida que ignora la realidad ambiental del río Paraná. Según explicó, el problema central no es la obstrucción del canal, sino la falta de agua producto del cambio climático y la deforestación. Advirtió que adaptar el río a las necesidades comerciales de corto plazo de unos pocos grupos agroexportadores acelerará el escurrimiento del agua hacia el océano y destruirá los humedales, afectando la sostenibilidad del recurso para las generaciones futuras.
Justicia e impunidad
Finalmente, el dirigente lamentó que los trabajadores nunca hayan sido consultados técnicamente para la elaboración de los pliegos de la vía de navegación troncal, a pesar de ser quienes mejor conocen el territorio. Coincidiendo con Metz, Moreno cerró la entrevista expresando su preocupación por el funcionamiento de la justicia en Santa Fe, tras el rápido rechazo de amparos contra la licitación de la Hidrovía. Para Moreno, lo más trágico del escenario actual es que el ciudadano de a pie pierda la confianza en las instituciones judiciales mientras se consolida un modelo que prioriza el negocio por sobre la dignidad del trabajo.
