En declaraciones a Cadena 3 Rosario, el fiscal regional afirmó que quitarle al MPA la posibilidad de investigar el narcomenudeo implicaría perder una herramienta clave en la lucha contra la violencia en los barrios.
“Esta cuestión va a impactar directamente en la seguridad pública. Si a nosotros nos quitan la herramienta de investigar el microtráfico, nos están quitando un instrumento esencial para bajar los hechos de violencia altamente lesivos: homicidios, heridos de arma de fuego y balaceras”, remarcó.
Merlo sostuvo que la intervención del MPA en este tipo de delitos forma parte de una estrategia que mostró resultados en la reducción de homicidios en Santa Fe, particularmente en Rosario, desde fines de 2023. La posibilidad de que la justicia provincial investigue el microtráfico fue habilitada a partir de una ley sancionada en diciembre de ese año por la Legislatura santafesina, impulsada por el gobierno entrante.
“Los resultados están a la vista gracias a la coordinación con la Fiscalía General y con la Fiscalía Federal. Por eso nos preocupa esta situación: si nos quitan esa competencia vamos a tener un Estado ‘bobo’, y eso va a impactar directamente en la seguridad pública, con más homicidios, más balaceras y más heridos de arma de fuego”, aseguró.
En ese contexto, el fiscal regional fue contundente al referirse a las consecuencias de las decisiones judiciales: “Quienes dicten esas resoluciones deberán hacerse cargo”.
La intervención de un juez federal
Merlo también mencionó la intervención del juez federal de Garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, quien consideró incorrecta y arbitraria una resolución dictada por un camarista rosarino en relación con la competencia sobre el microtráfico.
Según explicó, el magistrado federal rechazó esa decisión, devolvió las actuaciones al fuero provincial y envió copia de lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que tome conocimiento de la situación.
De acuerdo a fuentes judiciales, los integrantes de la Cámara Penal de Rosario que emitieron resoluciones cuestionando la competencia provincial en materia de microtráfico son los camaristas Javier Beltramone, Guillermo Llaudet Maza, Carolina Hernández, Viviana Alonso y Tomás Orso.
“Insisto: si nos sacan la competencia sobre el microtráfico, eso va a afectar la seguridad pública. No advertir esto termina afectando al ciudadano común”, insistió Merlo.
El rol del MPA en los barrios
El fiscal regional explicó que las investigaciones del MPA no se limitan únicamente a los vendedores minoristas de droga.
“No sólo atacamos el punto de venta o a la persona más vulnerable, también a quienes manejan los puntos de venta y a quienes generan la violencia en los barrios”, señaló.
En esa línea, detalló que el abordaje del microtráfico incluye también los hechos violentos asociados a esa actividad, como homicidios, balaceras y personas heridas por armas de fuego.
“Nosotros trabajamos en el territorio, mientras que la Fiscalía Federal va un escalón más arriba investigando el narcotráfico y las cadenas de distribución”, explicó.
Finalmente, Merlo manifestó su sorpresa por la postura de algunos integrantes de la Cámara Penal y sostuvo que el conflicto de competencias no debería existir.
“Nos llama poderosamente la atención la postura de algunos camaristas. Son posturas individuales. El conflicto de competencia no debería existir porque los Ministerios Públicos trabajamos de manera coordinada y fijamos claramente cuál es el límite de cada uno”, afirmó.
En ese sentido, recordó que el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal está respaldado tanto por el artículo 120 de la Constitución Nacional como por la Constitución de Santa Fe, que establece que el organismo es la cabeza de la persecución penal.
