La mudanza de una familia desde Rosario a San Lorenzo, que debería haber sido un paso hacia una mejor calidad de vida, se convirtió en una pesadilla burocrática y educativa. Noelia Nora Zambezi se instaló en diciembre en una vivienda de calle Moreno al 900. Si bien logró anotar a su hijo menor en la Escuela Primaria N.º 218 por corresponderle al radio domiciliario, la situación con su hijo mayor, de 14 años, es crítica.
El adolescente debe cursar el 2.º año del nivel secundario. Hasta el año pasado asistía a la Escuela de Educación Técnica Profesional N.º 466 “Gral. Manuel Nicolás Savio” en Rosario. Sin embargo, el traslado diario desde San Lorenzo a Rosario se ha vuelto materialmente inviable por razones logísticas y, fundamentalmente, por los altos costos económicos que la familia no puede afrontar.
Un recorrido sin respuestas
Ante esta imposibilidad, Noelia inició un raid por los establecimientos educativos de San Lorenzo. Se dirigió primero a la E.E.S.O. N.º 438, ubicada en calle Moreno 515, por ser la escuela de cercanía a su nuevo hogar. Allí recibió un “no” rotundo por falta de cupo. La situación se repitió en otras tres escuelas secundarias de la ciudad, dejando al alumno fuera del sistema educativo de manera efectiva.
La familia ya ha realizado gestiones ante autoridades directivas y comunicaciones vía correo electrónico con dependencias del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, pero hasta el momento no han obtenido una vacante que garantice la continuidad escolar de Elian.
La educación como un derecho, no como una opción
En la nota presentada ante el Ministerio, se resalta que esta dilación administrativa es inadmisible, ya que la educación secundaria es obligatoria por ley. La Constitución de la Provincia de Santa Fe y la Ley de Educación Provincial (Art. 10) imponen al Estado la responsabilidad indelegable de garantizar las condiciones de acceso y permanencia de todos los estudiantes.
“La falta de asignación de una vacante en tiempo razonable constituye una omisión estatal incompatible con el marco normativo vigente”, sostiene el reclamo formal. Las leyes provinciales y nacionales de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes obligan a los organismos estatales a adoptar medidas positivas para evitar la exclusión por razones geográficas o económicas.
Mientras los días pasan y el ciclo lectivo avanza, Elian sigue esperando en su casa de calle Moreno un banco que le permita ejercer su derecho constitucional de estudiar en la ciudad donde vive. La familia exige que el Ministerio de Educación intervenga de manera urgente para asignar una vacante, priorizando la cercanía domiciliaria para asegurar que la educación sea, efectivamente, sostenible y permanente.
