Según la investigación judicial, el magistrado habría dictado resoluciones que permitieron que una financiera accediera a unos 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Posteriormente, ese dinero habría sido transferido al exterior, en una operatoria que ahora es objeto de análisis por parte de la Justicia.
Ante este escenario, Cattalini sostuvo que la gravedad de las acusaciones exige medidas institucionales inmediatas. “No puede seguir tomando decisiones un juez que está procesado por hechos de corrupción de esta magnitud. La confianza pública en la Justicia requiere respuestas claras y oportunas”, expresó.
La legisladora también puso el foco en los antecedentes del magistrado antes de asumir su cargo. Recordó que Salmain habría accedido al puesto sin informar una sanción disciplinaria previa en el Poder Judicial. Cuando se desempeñaba como agente judicial, fue cesanteado por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina tras un sumario administrativo.
Ese proceso se inició luego de que se lo acusara de intentar sobornar a una empleada para manipular el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Para Cattalini, ese antecedente debió haber sido informado durante el proceso de selección para el cargo de juez federal.
“Estamos hablando de antecedentes extremadamente graves que debieron haber sido transparentados en su momento. La transparencia en el acceso y ejercicio de la magistratura es una condición básica para la credibilidad del sistema judicial”, señaló.
En paralelo, la causa penal continúa avanzando. El juez federal Román Lanzón autorizó recientemente el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Salmain por un plazo de 90 días, a pedido del fiscal Federico Reynares Solari. La medida busca analizar posibles irregularidades patrimoniales vinculadas al presunto direccionamiento de causas previsionales.
Cattalini advirtió que Santa Fe ya atravesó situaciones complejas con magistrados federales involucrados en investigaciones por corrupción y remarcó la necesidad de reforzar los mecanismos de control institucional.
En ese contexto, la diputada pidió formalmente al Consejo de la Magistratura que disponga la suspensión preventiva de Salmain mientras avanzan las investigaciones, con el objetivo de preservar la integridad institucional del Poder Judicial y mantener la confianza pública en la administración de justicia.
