En una operación de alta complejidad que demandó cuatro meses de sigilo y seguimientos, las fuerzas de seguridad lograron dar un golpe definitivo al narcomenudeo en el Cordón Industrial. La investigación, instruida por la fiscal Luisina Paponi y avalada por el juez Carlos Gazza, se centró en una organización que había mostrado una preocupante capacidad de resiliencia, continuando con la comercialización de estupefacientes incluso después de que varios de sus búnkeres fueran demolidos en procedimientos anteriores.
La caída de la red en seis movimientos
El operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) se desplegó de forma simultánea en seis domicilios estratégicos. Los uniformados irrumpieron en puntos clave de Puerto General San Martín y San Lorenzo, donde las tareas de inteligencia previa —que incluyeron análisis de filmaciones y vigilancia encubierta— habían detectado la actividad ilícita.
Los objetivos alcanzados fueron:
- Puerto General San Martín: Domicilios en Cayetano Silva al 1100, Presidente Roca al 900 y 900 bis, calle 15 al 4100 y El Ombú al 3800.
- San Lorenzo: Mosconi al 3700.
Resultados de un golpe récord
El balance del operativo refleja la magnitud de la red desarticulada. Durante las requisas, los efectivos lograron el secuestro de 1.855 gramos de cocaína, ya fraccionados en 2.799 dosis listas para su distribución inmediata. Sin embargo, el dato que más sorprendió a los investigadores fue el volumen de dinero en efectivo: se incautaron 12.524.997 pesos, producto directo de la comercialización minorista.
Además de la droga y el dinero, se secuestraron 17 teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación, y dos vehículos utilizados por la banda: un Volkswagen Polo y una Peugeot Partner.
Los implicados
La operación culminó con ocho personas detenidas: J. S. (29), C. T. (46), C. M. (36), A. C. (25), M. S. (26), M. G. (46), Z. S. (33) y R. S. (44). Todos quedaron a disposición de la Justicia de San Lorenzo, enfrentando cargos por comercialización de estupefacientes en el marco de la Ley de Microtráfico. Este procedimiento no solo quita veneno de las calles, sino que envía un mensaje contundente: la inteligencia criminal y la persistencia judicial son las herramientas finales para terminar con la impunidad en los barrios.
