La lucha contra las denuncias falsas en el ámbito de familia ha ganado un impulso decisivo en el Congreso de la Nación. La senadora Carolina Losada, en diálogo con Nicolás Carugatti y Sebastián Darrichón por EPA News, explicó la urgencia de dotar a la justicia de herramientas punitivas reales para castigar a quienes utilizan los recursos del Estado para “bastardear” las causas legítimas de violencia de género y abuso.
“Desconocer que existen las denuncias falsas es una injusticia para quienes las sufren. Estas personas están utilizando recursos escasos del Estado para lastimar, en lugar de que se usen para proteger a las verdaderas víctimas”, sentenció Losada. La senadora relató que ella misma fue víctima de una denuncia falsa por “torturas” tras organizar un evento sobre este tema, una maniobra que calificó como un intento de silenciamiento por parte de los sectores que lucran con el sistema actual.
Penas de prisión efectiva: el corazón del proyecto
El punto de mayor impacto del proyecto de Losada radica en el drástico aumento de las escalas penales. Actualmente, la falsa denuncia es un delito genérico con penas de 2 meses a 1 año (excarcelables) o multas irrisorias que oscilan entre los 700 y 12.000 pesos.
La propuesta de la senadora establece:
- Falsa denuncia general: De 1 a 3 años de prisión.
- Agravante por Abuso o Violencia de Género: Si la mentira involucra delitos de integridad sexual o violencia contra la mujer y afecta a niños, niñas o adolescentes, la pena se eleva de 3 a 6 años de prisión. Al superar los tres años, la pena puede ser de cumplimiento efectivo, según el criterio del juez.
- Castigo a profesionales: Para los peritos, psicólogos o abogados que participen de la maniobra o fragüen informes a sabiendas de su falsedad, la pena se extiende de 3 a 9 años de cárcel, sumado al doble de tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión.
El caso Lucio Dupuy como bandera
Losada recordó con crudeza el caso de Lucio Dupuy para explicar por qué es vital penar las denuncias falsas. “Lucio fue víctima de siete denuncias falsas que se utilizaron para separarlo de su abuelo, de su abuela y de su padre, quienes eran los que denunciaban que el nene estaba siendo lastimado por su progenitora. Esa obstrucción de vínculo terminó con un chiquito de 5 años asesinado”, remarcó la senadora.
La legisladora subrayó que el daño no es solo para el denunciado, sino que se viola sistemáticamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño al impedir el contacto con todo el núcleo familiar (abuelos, tíos, hermanos) durante años.
Un cambio de clima político
Tras haber sufrido el “cajoneo” sistemático de su proyecto durante la gestión anterior, Losada destacó que el nuevo contexto parlamentario permite que el tema deje de ser un tabú. “Antes me escrachaban y me estigmatizaban. Hoy hay mucha más gente que se anima a hablar, hombres y mujeres que ya no tienen miedo a ser cancelados por contar que fueron falsamente denunciados”, afirmó.
El proyecto ya cuenta con dictamen de comisión por tercera vez y se encamina a buscar la media sanción en el Senado. “Estamos trabajando para que la justicia deje de ser un trámite gratuito para destruir vidas y se convierta en un sistema con consecuencias para quienes mienten”, concluyó.
