En un crítico escenario para el nodo portuario del Cordón Industrial y otros puntos del país, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) manifestaron formalmente su alarma ante la creciente conflictividad con los transportistas de carga de granos.
A través de un comunicado oficial, las entidades detallaron los puntos críticos que hoy mantienen en vilo a la actividad exportadora en uno de los momentos más determinantes del año: la cosecha gruesa.
El motivo del reclamo y los retenes
Las cámaras reconocieron que el origen de la medida de fuerza se basa en un pedido de recomposición tarifaria motivado por el constante incremento en los costos operativos, señalando especialmente el impacto del precio del combustible. Sin embargo, denunciaron que el rechazo a las propuestas ofrecidas ha derivado en la instalación de retenes en las principales rutas y accesos a los nodos portuarios más importantes del país.
Según el documento, estas acciones están “imposibilitando el normal desarrollo de la actividad” en una etapa del año donde la fluidez logística es fundamental para el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Impacto en la economía nacional
Desde el sector agroindustrial advirtieron que la falta de acuerdo no solo afecta a las empresas involucradas, sino que tiene consecuencias directas sobre la macroeconomía argentina:
- Retrasos en embarques: La imposibilidad de que los camiones ingresen a las terminales portuarias frena la carga de los buques.
- Incumplimientos internacionales: Se registran caídas en los plazos previstos en los contratos con el exterior.
- Freno a las divisas: Lo más preocupante para el Gobierno Nacional es la imposibilidad de concretar el ingreso de divisas al país producto de la parálisis exportadora.
Un llamado urgente al diálogo
Finalmente, desde CIARA, el CEC y la CPPC instaron a todas las partes involucradas a agotar de forma urgente las instancias de diálogo para destrabar el conflicto. El objetivo, señalaron, es garantizar la continuidad de la operatoria, preservar la seguridad de las rutas y evitar que el comercio exterior argentino continúe sumando perjuicios en un contexto económico ya de por sí complejo.
