n el marco de las políticas de desregulación y transformación del Estado impulsadas bajo la Ley de Bases N° 27.742, el Poder Ejecutivo Nacional tiene listo para la firma del presidente Javier Milei un ambicioso proyecto de decreto que promete reconfigurar la logística nacional. La medida no solo actualiza el marco normativo del servicio de practicaje y el Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante (REFOCAPEMM), sino que resuelve una disputa histórica al traspasar las escuelas de formación de la órbita de la Armada Argentina a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
A continuación, los cuatro pilares fundamentales de esta reforma integral:
1. Actualización del marco normativo: Practicaje y REFOCAPEMM
El nuevo reglamento sustituye normativas que datan de 1991 para adaptarse a las condiciones hidrométricas y tecnológicas actuales. Entre los cambios más significativos se encuentran:
- Nuevos umbrales de obligatoriedad: Se establecen parámetros objetivos basados en la eslora y el calado para la contratación de prácticos. Por ejemplo, en las zonas de los ríos Paraná y Uruguay, la obligación rige generalmente para buques que superen los 140 metros de eslora o los 6,40 metros de calado.
- Libre contratación y competencia: Se elimina el límite en el número de prácticos habilitados, permitiendo que los usuarios contraten libremente a los profesionales independientes registrados ante la Prefectura Naval Argentina (PNA).
- Desregulación del transporte: Los usuarios podrán proveer o contratar libremente los medios de transporte (lanchas, vehículos o aeronaves) para el embarque de los prácticos, terminando con barreras de entrada que encarecían la logística.
- Revisión del REFOCAPEMM: Se modifica el Capítulo 4 para agilizar la obtención de títulos de Práctico, Baqueano Fluvial y Certificados de Conocimiento de Zona, simplificando los requisitos de viajes de práctica y exámenes conforme a estándares internacionales como el Convenio STCW.
2. Diálogo y consenso con los actores del sector
A diferencia de intentos previos, la gestión actual ha mantenido un proceso de negociación y diálogo con las corporaciones de practicaje, prestadores de servicios y exfuncionarios. El objetivo es implementar una transición que, aunque fomente la libre competencia y la reducción de costos, garantice la seguridad de la navegación y la protección ambiental como servicios públicos esenciales. El reglamento incluso contempla mecanismos de suplencia por parte de capitanes de ultramar o fluviales en situaciones de crisis del sistema.
3. Reubicación administrativa: El traspaso de la formación náutica
Un punto neurálgico del decreto es el traspaso definitivo de la Escuela Nacional de Náutica, junto con la Escuela Nacional Fluvial y la Escuela Nacional de Pesca, desde la Armada Argentina hacia la órbita de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
- Plazo de ejecución: Se establece un periodo de 365 días corridos para concretar esta transferencia.
- Supervisión civil: La ANPYN supervisará el sistema de formación, mientras que la PNA será la autoridad competente en la administración y ejecución técnica, incluyendo el registro y la habilitación del personal. Este cambio busca subsanar una demora de una década en la unificación del mando civil sobre la formación de la Marina Mercante.
4. Reasignación de fondos y titulación
Para garantizar la viabilidad de este traspaso, la normativa prevé la transferencia del proceso de titulación a la Prefectura Naval Argentina. En la visión estratégica de la reforma, queda pendiente que las partidas presupuestarias que anteriormente manejaba la Armada para estas funciones sean redireccionadas para ejecutar la reorganización administrativa y el sostenimiento de las escuelas bajo su nueva dependencia. La ANPYN, como nueva autoridad portuaria nacional, tendrá la facultad de reglamentar el uso de estos recursos y supervisar el sistema académico para alinearlo con las necesidades del comercio exterior argentino.
Con esta estructura, el Gobierno busca eliminar las “distorsiones inequitativas” que encarecen el flete internacional, promoviendo una integración más eficiente de la República Argentina en los mercados globales.
