La decisión quedó plasmada en el Decreto 253/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo delega en la provincia la facultad de licitar, adjudicar y administrar obras sobre rutas nacionales que atraviesan su territorio. Esto permitirá avanzar con esquemas de concesión a empresas privadas, mixtas o entes públicos, incluyendo el financiamiento a través del cobro de peajes.
Si bien la medida otorga mayor margen de acción a la provincia, el decreto aclara que no implica la transferencia de la propiedad ni de la jurisdicción: las rutas seguirán siendo nacionales y continuarán bajo el control general del Estado central, con supervisión técnica de la Dirección Nacional de Vialidad.
Con este nuevo marco legal, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro ya tiene previsto avanzar en un convenio con Nación para intervenir en la ruta A012, considerada estratégica para ordenar y mejorar el tránsito pesado hacia los puertos del Gran Rosario, un nodo logístico clave para la exportación agroindustrial del país.
En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe ya elaboró un plan de contingencia que demandará una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos para mejorar el estado actual de la calzada. En paralelo, se proyecta una iniciativa de largo plazo que contempla la creación de un ente público-privado, con participación de comunas, que permita financiar el mantenimiento mediante el cobro de una tasa única a los camiones que se dirigen a las terminales portuarias.
Además, la provincia cuenta con el respaldo financiero de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que ya aprobó un crédito destinado a impulsar el plan integral de mejora de accesos a los puertos.
La habilitación nacional marca así un punto de inflexión en la gestión de la infraestructura vial santafesina, al permitir destrabar obras largamente postergadas y encarar una solución estructural para uno de los principales cuellos de botella logísticos del país: el ingreso y egreso de cargas en el complejo portuario del Gran Rosario.
