La región del Cordón Industrial se encuentra hoy ante una encrucijada que podría desembocar en una tragedia productiva y social de dimensiones incalculables. El posible cierre de la planta IDM no es solo una noticia empresarial de impacto, sino que representa una verdadera catástrofe laboral para cientos de familias de San Lorenzo y la zona, sumada a una crisis ambiental que dejaría al polo aceitero y portuario sin su principal centro de tratamiento de residuos peligrosos. Manuel Santana, presidente de la compañía, rompió el silencio con una declaración cargada de preocupación y hartazgo, describiendo una situación de inseguridad jurídica asfixiante que ha llevado al grupo inversor a considerar seriamente el desmantelamiento total de la firma y la venta de sus activos. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto para recuperar una entidad productiva necesaria para la soberanía ambiental de la provincia, hoy se desmorona frente a la inacción de la justicia y el avance de métodos violentos y extorsivos que parecen haber ganado la pulseada.
Santana fue taxativo al explicar que el grupo inversor ha realizado un esfuerzo económico y humano descomunal para poner en pie una empresa que recibieron en condiciones deplorables. Según relató el presidente de IDM, la situación heredada era sencillamente gravísima: la planta se encontraba colapsada, con miles de toneladas de cenizas y de residuos peligrosos acumulados que debieron ser derivados con un costo logístico y operativo altísimo para evitar un desastre ecológico mayor. Durante años, la planta careció del mantenimiento adecuado, operando al límite de sus capacidades técnicas y normativas. Frente a este panorama, los nuevos dueños iniciaron un proceso de saneamiento profundo, comprando equipamiento de última generación para la medición y el control ambiental, cumpliendo finalmente con requerimientos técnicos que la autoridad provincial venía solicitando desde hacía años sin éxito. Este compromiso con la seguridad ambiental no fue solo un eslogan, sino que se tradujo en la inversión de miles de millones de pesos destinados a modernizar cada eslabón de la cadena de tratamiento.
Sin embargo, el saneamiento técnico fue solo una parte del desafío. Manuel Santana detalló que el grupo está llevando adelante un programa financiero monumental para cancelar deudas comerciales, salariales, previsionales, impositivas y bancarias que arrastraba la administración anterior y que suman miles de millones de pesos. Este saneamiento integral de las cuentas de la empresa tenía como objetivo devolverle la estabilidad y la confianza a una entidad que es vital para el funcionamiento del Cordón Industrial. Pero este esfuerzo, que ya ha implicado una inyección de capital sin precedentes, hoy se ve neutralizado por la acción de un tercero que, según Santana, ha convertido la puerta de la fábrica en un escenario de extorsión permanente. Se trata de un conflicto que excede lo empresarial para entrar en el terreno de lo delictivo, donde la figura de un hombre identificado como Aragón ha logrado lo que ni la crisis económica pudo: poner a la empresa de rodillas.
El relato de Santana sobre el accionar de este individuo es escalofriante por la impunidad con la que se despliega. Aragón no es accionista de IDM ni tiene derecho alguno sobre la empresa, pero mantiene estacionado un colectivo viejo en la entrada de la planta, utilizándolo como una herramienta de bloqueo y amedrentamiento. En marzo de este año, la situación llegó a un pico de tensión cuando el colectivo cruzó el ingreso impidiendo totalmente la entrada y salida de camiones y trabajadores. En aquel momento, la denuncia ante la fiscalía permitió que la policía lo obligara a retirarse, pero la solución fue apenas un espejismo. Según Santana, el sujeto sigue incumpliendo la manda judicial de no entorpecer la operación, situando nuevamente el vehículo en la misma zona de conflicto, atemorizando al personal y a los transportistas que intentan cumplir con sus tareas diarias. Esta conducta persistente ha generado un clima de terror que hace imposible la continuidad de un trabajo que requiere precisión y tranquilidad absoluta.
La confusión sobre la legitimidad del reclamo de Aragón fue aclarada punto por punto por el presidente de IDM. Manuel Santana explicó que este hombre no es, ni ha sido nunca, trabajador de la empresa, ni mucho menos accionista. Su única vinculación es ser el apoderado de dos accionistas minoritarios, Alejandra y Ezequiel Segales, quienes poseen un paquete accionario que hoy representa apenas el 5% del total, luego de que la empresa emitiera nuevas acciones para inyectar el capital necesario para su supervivencia. Dado que los Segales decidieron no acompañar la inversión, su participación se diluyó, pero Aragón insiste en actuar como si fuera el dueño del destino de la planta. Santana denunció que el objetivo real detrás de esta maniobra sería quedarse con las acciones de Alejandra Segales, quien atraviesa un severísimo problema de salud que limita su capacidad de decisión. La extorsión es abierta y pública: Santana asegura que el sujeto declara ante la prensa que no cesará en su conducta hasta que se le pague lo que pretende, a pesar de que no existe deuda alguna con él ni con sus representados.
La violencia no es solo verbal o logística. Santana recordó que Aragón tiene antecedentes de agresiones físicas directas, mencionando que con el directorio anterior llegó a tomarse a golpes de puño con Oscar Longone, una persona de más de 80 años de edad. Este historial de violencia es el que hoy tiene en vilo a los trabajadores de IDM, quienes ven cómo un violento con antecedentes penales se sitúa en la puerta de su lugar de trabajo sin que la justicia tome medidas de fondo. Para Manuel Santana, la situación ha llegado a un límite intolerable. El grupo inversor siente que ha puesto todo el esfuerzo y el capital necesario, pero que se encuentra operando en un territorio sin ley. La falta de respuestas efectivas por parte de la fiscalía, que parece sobrepasada por otras causas, ha dejado a la empresa en un estado de total indefensión. Desarrollar una actividad industrial de alto impacto, con compromisos financieros tan exigentes, es inviable sin un marco de seguridad jurídica y paz social básico.
El impacto del posible cierre de IDM es una sombra negra que se cierne sobre todo el sur santafesino. Santana advirtió que, de no mediar una intervención judicial que garantice la libre circulación y la seguridad del personal, el plan de desarme y despiece de la empresa es inminente. El grupo inversor está considerando seriamente cerrar definitivamente, vender los equipos de alta tecnología y comercializar el terreno. Esto significaría, en primer lugar, que cientos de familias se queden sin sustento económico de un día para el otro, en un contexto nacional donde la pérdida del empleo es una sentencia de vulnerabilidad extrema. Pero el daño no termina ahí: San Lorenzo perdería un lugar estratégico para el tratamiento de los residuos peligrosos que generan las empresas de la región. Sin IDM, las industrias locales se quedarían sin un prestador de servicios cercano y habilitado, lo que generaría un problema logístico y ambiental de primer orden para todo el polo productivo.
El vacío que dejaría el cierre de IDM obligaría a las empresas a buscar soluciones de tratamiento a cientos de kilómetros de distancia, incrementando los costos de producción y, lo que es peor, aumentando el riesgo de siniestros durante el transporte de materiales peligrosos por las rutas de la provincia. La desaparición de esta entidad productiva es un retroceso de décadas en materia de infraestructura ambiental para el Cordón Industrial. Manuel Santana fue claro al señalar que ya han comenzado a detener el ritmo de trabajo e inversión, dejando solo el personal mínimo necesario para tareas de mantenimiento básico que eviten daños irreparables mientras se evalúa el destino final de la maquinaria. La decisión de “desarmar” la empresa ya no es una hipótesis lejana, sino una realidad que se acelera con cada hora que la fiscalía permanece en silencio.
La pregunta que resuena en los pasillos de IDM y en las oficinas de las empresas vecinas es cómo se llegó a este punto. Santana se pregunta de qué vive una persona como Aragón, cuya única ocupación conocida parece ser el sabotaje constante de una fuente de trabajo. La frustración del presidente de la firma refleja la de todo un sector que ve cómo la prepotencia de un individuo, que utiliza un colectivo viejo como arma de extorsión, puede más que una inversión de miles de millones de pesos. El grupo inversor ha puesto el dinero, ha saneado el ambiente y ha pagado las deudas de otros, pero se ha chocado contra la pared de la violencia impune. Sin tranquilidad para trabajar y sin una señal clara de las autoridades, el destino de IDM parece estar sellado.
El posible cierre de IDM marca un precedente nefasto para cualquier inversor que pretenda apostar por la recuperación de industrias en crisis en la provincia de Santa Fe. Si el mensaje de la justicia es que cualquier violento puede sitiar una planta y exigir pagos bajo amenaza sin consecuencias legales, el futuro productivo de la región está comprometido. Manuel Santana concluyó su descargo con una advertencia final: el grupo está agotado. El plan de desarme ya está sobre la mesa de directorio y la pérdida de los puestos de trabajo es una responsabilidad que el estado deberá asumir por omisión. San Lorenzo, la ciudad que es el motor de las exportaciones del país, está a punto de perder un eslabón fundamental de su cadena productiva porque, sencillamente, no se le permite trabajar a quien quiere invertir.
