La implementación de los juicios abreviados en la provincia de Santa Fe se ha convertido en un eje de debate técnico y social. En diálogo con Expediente 24, el Dr. Daniel Erbetta realizó una distinción fundamental entre la herramienta procesal y el uso que los operadores hacen de ella. El magistrado sostuvo que el abreviado es una necesidad del sistema actual porque no existe forma material de perseguir y enjuiciar todos los delitos del mundo, pero aclaró que el problema radica en el mal uso que pueden darle fiscales, defensores y jueces.
Para dimensionar la importancia del sistema de audiencias, Erbetta recordó que el modelo escrito anterior funcionaba como una fábrica de producir impunidad a nivel industrial. Bajo ese registro, la gran mayoría de las causas prescribían y solo se trabajaban los delitos muy graves o aquellos donde los abogados presionaban constantemente al juez. El ministro ejemplificó esta situación mencionando que delincuentes que hoy cumplen condenas por hechos gravísimos en Rosario llegaron a tener entre siete y doce causas penales en el sistema viejo sin recibir nunca un solo auto de procesamiento.
Sin embargo, el ministro de la Corte fue enfático al señalar que el abreviado no debe ser la única salida. Existen otras herramientas como la probation, los criterios de oportunidad o la conciliación patrimonial que son subutilizadas por los operadores. Erbetta subrayó que un abreviado de buena calidad, basado en evidencia contundente y con control de la defensa, ofrece una mejor resolución que un juicio escrito de hace veinte años. El riesgo real surge cuando el sistema se distorsiona y se habilitan abreviados para cualquier tipo de delito sin límites de pena, algo que depende exclusivamente de la política estratégica del Ministerio Público de la Acusación.
Los tres riesgos del sistema
El magistrado identificó tres peligros principales que pueden desvirtuar esta herramienta legal. El primero de ellos es el uso extorsivo del abreviado contra personas privadas de la libertad. Erbetta coincidió con las críticas que señalan que, en muchos casos, la prisión preventiva se utiliza como “materia prima” para forzar a un imputado a firmar una condena a cambio de su libertad o de una certeza sobre su futuro procesal. En este punto, remarcó que la responsabilidad última es del juez, quien debe controlar el poder de los fiscales y no limitarse a actuar como un mero escribano que ratifica lo acordado entre las partes.
El segundo riesgo mencionado es la burocratización del proceso. Esto ocurre cuando los fiscales y defensores prefieren llegar a un acuerdo rápido para evitar el esfuerzo técnico que implica llevar una causa a un juicio oral y público. Finalmente, el tercer peligro es que el abreviado se convierta en una fuente de impunidad, citando como ejemplo histórico el primer abreviado de la banda “Los Monos”, donde se acordaron penas significativamente bajas para delitos que originalmente preveían prisión perpetua.
El escándalo de la Causa Cuadernos
Erbetta no eludió el análisis sobre la justicia federal y calificó como vergonzoso el desarrollo de la denominada “Causa Cuadernos”. Sostuvo que se trata de un proceso que nació mal de arranque, con evidencias que desaparecieron y reaparecieron bajo circunstancias poco claras. El ministro señaló que la aparición de más de veinte testimonios que denuncian haber mentido ante escribanías o juzgados por miedo a quedar presos es una señal de alarma que la justicia federal debe resolver con urgencia para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Finalmente, el integrante de la Corte santafesina insistió en que la justicia debe ser un valor transparente y que cada magistrado debe hacerse cargo de su propia actuación. La tendencia a generalizar la desconfianza sobre “la justicia” solo se combate, según su visión, delineando responsabilidades funcionales claras y garantizando que los jueces actúen como verdaderos garantes de los derechos constitucionales frente al avance de las acusaciones fiscales.
