El diagnóstico realizado por el ministro de la Corte en diálogo con Fisherton Plus puso de manifiesto un desequilibrio territorial crítico dentro del sistema judicial santafesino. Mientras la ciudad de Santa Fe mantiene una situación equilibrada, la zona sur enfrenta una “eclosión” donde los recursos resultan totalmente insuficientes para la demanda actual. Según detalló Baclini, un juzgado laboral debería procesar unas 1.000 causas anuales para funcionar correctamente, pero la realidad en San Lorenzo muestra ingresos de 1.800 expedientes, mientras que en Rosario la cifra supera los 2.000 anuales por cada dependencia.
Esta saturación administrativa se traduce en lo que el magistrado calificó como una situación “tétrica” para el ciudadano, ya que se han detectado juicios que llegan a la Corte tras diez años de tramitación. El ministro señaló que Rosario se encuentra precarizada en términos de estructura en comparación con otras provincias como Córdoba o Mendoza, que cuentan con tribunales mucho más robustos y sistemas de gestión por audiencias que agilizan las resoluciones. En Córdoba, por ejemplo, existe un edificio exclusivo para la justicia laboral con una dotación de recursos que triplica a la santafesina, a pesar de manejar niveles de litigiosidad similares.
Para revertir este escenario, Baclini insistió en que no basta con medidas parciales como el nombramiento de peritos, sino que se requiere una reforma integral del proceso y la implementación de la “gestión asociada”. Este modelo busca reemplazar el viejo juzgado unipersonal por colegios de jueces y oficinas de gestión que optimicen el trabajo de los empleados y aseguren la imparcialidad, evitando que los expedientes queden trabados en estructuras burocráticas que el ministro no dudó en describir como obsoletas.
