La Fiscalía pidió duras condenas para el exjefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, y otros 19 acusados en la causa que investiga un millonario fraude con combustibles destinados a patrulleros de la Unidad Regional II. El requerimiento fue presentado por el fiscal José Luis Caterina, quien además solicitó la apertura del juicio oral y público para todos los involucrados.
Para Acosta, ex titular de la Unidad Regional II, el Ministerio Público de la Acusación pidió 12 años de prisión efectiva al considerarlo parte central de una estructura que habría desviado fondos públicos destinados al abastecimiento de móviles policiales.
La pena más alta fue requerida para el ex secretario privado de Acosta, el comisario y abogado Rodrigo Sebastián Domínguez, actualmente detenido. La Fiscalía solicitó para él 14 años de prisión al señalarlo como uno de los principales organizadores de la maniobra investigada.
Según la acusación, la organización operaba mediante consumos adulterados, cargas de combustible inexistentes y el uso irregular de tarjetas oficiales asignadas a patrulleros. El mecanismo habría funcionado durante un extenso período y provocado un importante perjuicio económico al Estado provincial, mientras parte de la flota policial debía trabajar con recursos limitados.
La investigación también involucra a otros policías y civiles vinculados presuntamente al circuito fraudulento. Entre ellos aparece Mónica Juana Bianconi, señalada como dueña de la estación de servicio involucrada, para quien la Fiscalía pidió 8 años de prisión. También se solicitó una pena de 6 años y 8 meses para Daniel Alberto Reynoso.
Las penas requeridas por la Fiscalía son las siguientes:
Rodrigo Sebastián Domínguez: 14 años de prisión.
Daniel Acosta: 12 años.
Juan Pablo Pigozzi: 8 años.
Diego Alberto Santamaría: 7 años.
Héctor Daniel Saucedo: 7 años.
Roberto Gabriel Blanco: 6 años y 8 meses.
Daniel Alberto Reynoso: 6 años y 8 meses.
Adrián Bahl: 5 años.
Darío Fabián Fantín: 5 años.
Juan Manuel Herrera: 5 años.
Fabián Becerra: 5 años.
Diego Luna: 5 años.
Juan Alberto Villordo: 5 años.
Gustavo Adrián Bazán: 4 años y 6 meses.
Mario Rodrigo Brest: 4 años y 6 meses.
Edgardo Roldán: 4 años y 6 meses.
Roberto Sandoval: 4 años y 6 meses.
Fernando Miguel Ceballos: 4 años y 2 meses.
Javier Norberto Arce: 4 años y 2 meses.
Franco Sebastián Cuesta: 3 años y 4 meses.
Para los fiscales, existió una asociación organizada y sostenida en el tiempo destinada a apropiarse de recursos públicos mediante maniobras irregulares con el combustible destinado a la fuerza policial rosarina.
