Detrás del frío texto de un acta ministerial que otorgó un ajuste del 3,4% para cerrar el ciclo paritario anterior, se esconde un conflicto de fondo que amenaza con paralizar los servicios de lancha y amarre en el corto plazo. El pasado 4 de mayo, en la sede de la Secretaría de Trabajo en Rosario , la CESLAA y los gremios marítimos (SOMU, Marina Mercante y Patrones) cerraron formalmente la paritaria 2025-2026. Sin embargo, al salir de la audiencia, la postura de la cámara empresarial fue de guerra total contra la informalidad y la falta de transparencia en los muelles.
Sebastián Bendayan fue contundente al describir la situación como un escenario de competencia desleal sistemática. Según el asesor legal, existe un grupo de empresas que no pertenecen a la cámara y que operan ignorando los requisitos legales estipulados. Estas firmas logran imponerse en el mercado mediante tarifas “económicas” que son, en realidad, fruto del incumplimiento de las normativas laborales y de seguridad. Esta práctica no solo vacía de competitividad a las empresas legales, sino que pone en riesgo la vida de los trabajadores que prestan el servicio en condiciones irregulares.
Lo más grave de la denuncia radica en lo que Bendayan define como una “connivencia firme, real y concreta”. El abogado aseguró tener conocimiento de que estas empresas ilegales cuentan con el amparo o la indiferencia de organismos del Estado, agencias marítimas y las propias terminales portuarias. El letrado fue incluso más allá al señalar que, en algunos casos, se ha observado complicidad por parte de sectores gremiales, conformando un entramado de protección para prestadores que operan por fuera del marco normativo.
Ante este panorama, la CESLAA lanzó un ultimátum que condiciona el inicio de la paritaria que arrancó el 1 de abril de 2026. La cámara empresarial se niega a discutir nuevos salarios si antes no se avanza en la Mesa de Trabajo creada bajo el expediente EX2026-46760515-APN-ATR-MCH. La lógica de la patronal es clara: si solo las empresas legales firman aumentos, la brecha de costos con los “ilegales” se ensancha aún más, castigando a quien cumple y premiando al que evade.
“No es cierto que todo esté bien en la actividad; se primó la cordura para cerrar lo que pasó, pero no vamos a permitir que esto siga siendo un negocio para tres o cuatro vivos”, sentenció Bendayan. La cámara ahora exige que las terminales portuarias y las agencias marítimas se sienten a la mesa coordinada por el Ministerio de Trabajo y asuman su responsabilidad. La advertencia es final: no habrá nuevos acuerdos de haberes si el puerto sigue siendo un territorio donde las reglas solo se aplican para algunos.
