El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, salió a fijar una postura enérgica y vertical frente al Proyecto de Ley de Biocombustibles (S. 809-26) que actualmente se debate en el Senado de la Nación. El ministro Gustavo Puccini le reclamó formalmente a la Casa Rosada y al Congreso un paquete de cinco modificaciones estructurales bajo una premisa contundente: “Es la hora de encender todo el potencial de la provincia”.
La reacción de la Casa de Gris se apoya, fundamentalmente, en la acuciante coyuntura geopolítica internacional. Con la escalada de la guerra en Medio Oriente y la consecuente volatilidad del precio del petróleo, las bioenergías volvieron a ganar una competitividad de mercado feroz frente a los combustibles fósiles tradicionales.
Sin embargo, en el entramado industrial del departamento San Lorenzo el reclamo oficial genera lecturas cruzadas. Si bien se respalda el planteo técnico, desde el sector privado le pasan factura a la dirigencia santafesina, recordando que la provincia no mostró la misma energía ni firmeza para defender a la industria verde durante el tratamiento original de la Ley Bases. Históricamente, la política local ha subvalorado el peso estratégico del polo procesador de oleaginosas más eficiente del planeta; un desinterés institucional que quedó patentado en el pasado cuando legisladores provinciales —como el ex diputado nacional Marcos Cleri— votaron directamente en contra del aumento del corte obligatorio, totalmente alineados con el poderoso lobby de las petroleras radicadas en el sur del país.
La asimetría técnica que asfixia al Cordón Industrial
El núcleo del reclamo que Puccini elevó al Senado apunta a corregir una discriminación regulatoria que carece de sustento técnico. El proyecto de ley de la Nación propone fijar una mezcla obligatoria del 15% para el bioetanol en las naftas (E15), pero mantiene un tope de apenas el 10% para el biodiésel en el gasoil (B10).
“Mantener el corte en 10% es un retroceso porque no absorbe la capacidad instalada ni incentiva nuevas inversiones. Santa Fe tiene toda la cadena productiva instalada y lista; no podemos resignarnos a tener plantas cerradas o trabajando a media máquina”, cuestionó el funcionario santafesino, contrastando la desidia local con el espejo de Brasil, que este año avanzará de forma obligatoria hacia el B15 con proyección de un B20 para el año 2030.
Las 5 reformas que exige Santa Fe para destrabar las inversiones
La propuesta santafesina busca inyectar previsibilidad jurídica y de mercado a través de cinco ejes de modificación al pliego nacional:
- Subir el corte al 15% y avanzar hacia B20: Elevar de inmediato el piso al 15% y habilitar un esquema de transición gradual hacia el 20% cuando el biodiésel regional resulte más competitivo que el gasoil importado por el Banco Central.
- Freno a la concentración (40% para independientes): Reservar un 40% del mercado interno para las Pymes y empresas no integradas a través de licitaciones transparentes, dejando el 60% restante para las grandes industrias integradas y refinadoras.
- Limitar el “dedo” del Estado: Establecer por ley que la Secretaría de Energía de la Nación solo pueda reducir temporalmente los porcentajes de mezcla ante emergencias críticas de abastecimiento, y por un plazo máximo improrrogable de 90 días.
- Beneficios del RIGI para la nueva generación: Incorporar los incentivos fiscales y aduaneros del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a los desarrollos de vanguardia como el Diésel Renovable (HVO), Combustibles Sustentables para Aviación (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V).
- Transparencia en la materia prima: Evitar posiciones dominantes sobre insumos estratégicos (como el aceite de soja extraído en las terminales del Paraná y el metanol), garantizando reglas de precio claras para los productores independientes.
“Reglas para competir en libertad”
Hacia el cierre de su presentación, el ministro Puccini buscó despejar los fantasmas de un corporativismo santafesino y aclaró que la provincia no mendiga subsidios. “No venimos a pedir privilegios, cupos ni mercados administrados a dedo por la burocracia. Santa Fe tiene la mayor capacidad instalada de procesamiento de biocombustibles del mundo. Solo pedimos reglas claras y una división del mercado que permita convivir a todos los actores”, concluyó.
Empujada por el temblor energético internacional de la guerra, la política santafesina parece ensayar finalmente un cambio de actitud y de conciencia productiva. Resta ver si los senadores nacionales recogerán el guante para soltarle las amarras a un gigante industrial que puede ahorrar millones de dólares en importaciones de gasoil y motorizar miles de puestos de trabajo directos en el Cordón Industrial.
