La decisión fue adoptada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la seccional Zárate-Campana y dispuso una intervención por 180 días. A partir de ese fallo, quedó invalidada la conducción nacional encabezada por Furlán, quien había sido ratificado en marzo con amplio respaldo interno.
La primera reacción llegó desde la Confederación General del Trabajo, que publicó un duro comunicado bajo la consigna “No a la intervención de la UOM”. La central obrera sostuvo que avanzar sobre un sindicato implica vulnerar la autonomía de los trabajadores y advirtió sobre un intento de limitar la libertad sindical.
También se expresó el Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano y Pablo Moyano. Desde el gremio señalaron que la resolución judicial busca silenciar los reclamos obreros y debilitar a las organizaciones que históricamente defendieron la industria nacional y las paritarias.
En la misma línea se pronunciaron la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, encabezadas por Hugo Yasky y Hugo Godoy. Ambas centrales difundieron un documento conjunto en el que calificaron la intervención como “un acto político” destinado a limitar la capacidad de organización y resistencia del movimiento obrero.
El rechazo también alcanzó a sindicatos estatales. El secretario general de Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, afirmó que la medida “violenta la voluntad de los trabajadores” y busca disciplinar a dirigentes gremiales enfrentados con el Gobierno nacional.
A su vez, el Frente de Sindicatos Unidos, espacio integrado por la UOM, Aceiteros, ATE, APLA y otros gremios, declaró el estado de alerta permanente y denunció una “persecución política” contra la conducción metalúrgica. Desde ese sector sostuvieron que la ofensiva judicial comenzó luego de que la sede de la UOM se transformara en un ámbito de articulación sindical contra las políticas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
El fallo judicial fue firmado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes hicieron lugar a una impugnación presentada por la Lista Naranja de Campana. Según la resolución, existieron irregularidades en la custodia de urnas durante el proceso electoral.
La Justicia designó además como interventor al abogado Alberto Biglieri, conocido como “Nacho” Biglieri, un nombramiento que profundizó el malestar sindical debido a sus vínculos con sectores políticos y judiciales cercanos al oficialismo.
Desde la conducción metalúrgica interpretaron la intervención como parte de una estrategia para debilitar las negociaciones paritarias del sector. En ese contexto apuntaron contra el Grupo Techint y su titular, Paolo Rocca, además de señalar al secretario de Trabajo, Julio Cordero, por supuestos vínculos con la empresa siderúrgica.
Mientras crece la tensión, la UOM ratificó que apelará la medida y anticipó un plan de lucha basado en la movilización y el respaldo de las comisiones internas. Las organizaciones sindicales, en tanto, advirtieron que no aceptarán avances sobre la autonomía gremial y prometieron sostener la resistencia frente a cualquier intento de limitar el derecho de huelga y la negociación colectiva.
