Un reciente informe técnico elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) volvió a poner en números la escala monumental del complejo portuario del Gran Rosario, destacando la velocidad de carga y la eficiencia de los muelles de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes frente a las principales terminales marítimas del planeta.
Según los datos duros de la entidad de la calle Córdoba, el tiempo promedio de permanencia de un buque granelero en los muelles de nuestra región (el lapso que pasa desde que amarra, carga sus bodegas de subproductos y zarpa) oscila entre apenas 2,3 y 2,5 días. Esta marca supera de manera holgada a competidores de escala internacional: los puertos norteamericanos del Golfo (como Nueva Orleans) promedian los 4 días de demora, mientras que las terminales brasileñas de Santos sufren recurrentes cuellos de botella que clavan a las提 embarcaciones por más de una semana.
Sin embargo, si se analiza el trasfondo de este logro económico, la estadística se desarma. Semejante nivel de eficiencia internacional no se explica únicamente por la inversión millonaria en fierros, tolvas y cintas de las multinacionales. El verdadero motor que permite que los números de la región le ganen a los de Luisiana es el pacto social, el ADN industrial y, fundamentalmente, la resiliencia de los habitantes de estas tres localidades, quienes con su paciencia y esfuerzo diario garantizaron la continuidad de las exportaciones argentinas tras décadas de un absoluto abandono de inversión en infraestructura por parte de los Gobiernos nacionales y provinciales. Sin ese contrato invisible y de resistencia vecinal, la mayor red de crushing del planeta sería una fantasía impracticable.
El ADN obrero y la convivencia residencial con el gigante portuario
Los pobladores de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes llevan en su historia familiar una matriz netamente industrial. Es esa identidad compartida y esa inquebrantable resiliencia la que permite que los pactos sociales entre las megafábricas y la ciudadanía fluyan, a pesar de los costos cotidianos que asumen los vecinos de la región ante la histórica falta de obras viales de los estamentos superiores del Estado.
El mapa urbano del Up River muestra postales de convivencia extremas y únicas en el mundo:
En San Lorenzo: Los vecinos de los barrios residenciales conviven pared de por medio con el puerto de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Un poco más al norte, en Barrio Norte, las familias toleran a diario el temblor que agrieta las estructuras de sus viviendas producto del incesante paso de convoyes ferroviarios cargados de granos y las colas de miles de camiones, poniendo el cuerpo allí donde el Estado Nacional y Provincial miraron para otro lado durante años.
En Puerto General San Martín: La firma Bunge opera dos terminales portuarias de escala internacional a escasas tres cuadras del Palacio Municipal, integrando el flujo de camiones de gran porte con el ritmo comercial y administrativo de la ciudad.
El factor humano: En los últimos 20 años, miles de trabajadores locales supieron reconvertirse y ampliar sus capacidades técnicas y profesionales. Pasaron de las viejas tareas de acopio a operar consolas digitales, laboratorios automatizados y los sistemas de carga más sofisticados del sector aceitero global.
La controversia de la BCR y los municipios como “malos administradores”
Este estallido de eficiencia también deja al descubierto una fuerte contradicción política. Irónicamente, la misma Bolsa de Comercio de Rosario que hoy celebra los números del polo exportador intentó durante los primeros dos años de la gestión provincial de Maximiliano Pullaro romper parte de este ecosistema institucional.
A través de informes corporativos y declaraciones públicas, sectores concentrados de la entidad rosarina intentaron instalar un discurso que apuntaba a los intendentes locales como “malos administradores” del flujo logístico. Con el eslogan simplista de “los camiones salen del campo por tierra y llegan a los puertos por tierra”, la BCR presionó sistemáticamente desconociendo el gigantesco despliegue municipal de recursos económicos, humanos y de higiene urbana necesarios para asistir y contener a los más de 2 millones de camiones que ingresan anualmente al embudo portuario. Mantener las banquinas limpias, los accesos ordenados, los servicios de salud de emergencia y la seguridad vial de esa marea de transportistas es un costo que, históricamente, han absorbido las arcas locales para amortiguar el impacto del crónico desinterés federal y provincial en la traza vial.
El giro de Pullaro: Los intendentes como eslabón clave
El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, tomó nota de esta dinámica y modificó su estrategia. Tras un inicio de mandato alineado con los reclamos de los sectores comerciales de Rosario, el mandatario entendió que confrontar con los jefes territoriales del Cordón Industrial era paralizar el motor económico de la provincia.
Hoy, la gobernación construyó un discurso unificado con los municipios. El gobierno provincial comprendió que para capturar, gestionar y ejecutar los recursos millonarios necesarios para el mantenimiento y ampliación de las rutas provinciales y los corredores nacionales —abandonados por el Gobierno nacional— los intendentes de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes son un eslabón clave e insoslayable.
La eficiencia del Up River que hoy asombra al mundo no se genera en el vacío de una oficina en Rosario ni en una planilla de Excel de Wall Street; se sostiene gracias al esfuerzo diario de los operarios que cuidan las plantas, de las administraciones locales que gestionan el caos de la cosecha y, por sobre todas las cosas, de una ciudadanía resiliente que decidió tolerar y sostener el sistema para que la producción nacional siga batiendo récords.
