La medida surge a partir de una investigación de la Auditoría General de Gestión del MPA, que detectó demoras e irregularidades en la tramitación de las denuncias realizadas por la víctima contra su expareja, Jonathan Omill. El caso adquirió una fuerte repercusión pública debido a que Oggero había alertado reiteradamente sobre las agresiones que sufría antes de ser asesinada el 18 de febrero de 2025.
La Comisión Bicameral de Acuerdos ya emitió dictamen favorable a la sanción y todo indica que la Asamblea Legislativa ratificará la suspensión, convirtiéndose en el primer antecedente de este tipo vinculado a una investigación por violencia de género que derivó en un femicidio.
La decisión también reabre el debate sobre los mecanismos de control y responsabilidad de fiscales y funcionarios judiciales. En ese marco, fuentes legislativas señalaron que existen otros expedientes en análisis vinculados al desempeño de integrantes del MPA, entre ellos fiscales con actuación en el departamento San Lorenzo, donde también se evalúan posibles sanciones por distintas actuaciones que se encuentran bajo revisión institucional.
La sanción a Ballari generó cuestionamientos por parte de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA, que sostiene que la reforma constitucional santafesina aprobada en 2025 dejó sin efecto la normativa que habilita a la Legislatura a aplicar este tipo de medidas disciplinarias. Sin embargo, desde el ámbito legislativo sostienen que una cláusula transitoria mantiene vigente el régimen actual hasta que se sancione una nueva ley.
Mientras se define la situación de la fiscal, la causa penal vinculada a Jonathan Omill tuvo avances parciales. El hombre fue condenado recientemente a cuatro años y medio de prisión por diversos episodios de violencia de género cometidos contra Oggero cuando aún estaba con vida, incluyendo amenazas, agresiones físicas, violación de domicilio e incumplimientos de medidas de restricción.
No obstante, esa condena no está relacionada con el asesinato de la mujer. El femicidio continúa sin imputados y la investigación permanece abierta bajo la conducción de la fiscal Andrea Vega. Entre las hipótesis que se analizan figura la posible participación de terceros y una eventual instigación vinculada al entorno de la víctima y del condenado.
Femicidio impune y sanción judicial
La resolución que adoptará la Legislatura llega además en una semana cargada de simbolismo, marcada por una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos. Organizaciones sociales y feministas consideran que la sanción representa un mensaje institucional sobre la responsabilidad de quienes intervienen en causas de violencia de género, aunque insisten en que el principal reclamo sigue siendo el esclarecimiento del crimen.
A más de un año del asesinato de Ailén Oggero, la discusión ya no sólo alcanza a los responsables directos del hecho, sino también al funcionamiento de las instituciones que debían intervenir para protegerla. La suspensión de Ballari podría convertirse en el primer paso de una serie de revisiones sobre el desempeño de fiscales en distintas jurisdicciones de la provincia, incluido el departamento San Lorenzo.
Fuente: Anabela Tramontini
