En una entrevista de 45 minutos en el ciclo Expediente 24, el ministro de la Corte Suprema, Jorge Baclini, dejó definiciones contundentes. Lejos de esquivar los temas de coyuntura, el ex Fiscal General abordó las tensiones entre el Poder Judicial y el Gobierno provincial, analizó la crisis penitenciaria y, fundamentalmente, explicó por qué la Justicia santafesina atraviesa una etapa de transformación traumática pero necesaria.
1. El caso Lince y la independencia judicial
La coyuntura política se metió de lleno en la entrevista a raíz de la reciente controversia protagonizada por la jueza Aguirre Guarrochena, quien anuló un procedimiento policial realizado bajo el sistema “Lince”. Baclini fue directo: el Ejecutivo tiene una política de seguridad clara y meritoria —especialmente en la baja de homicidios y el control de la trama del microtráfico—, pero advirtió que la política no debe atropellar al Poder Judicial.
“Nos parece que no es adecuado que se ataquen las resoluciones judiciales. Nosotros consideramos que se debe preservar la independencia judicial; los mecanismos naturales de reclamo son los recursos de apelación”, sentenció. Aunque reconoció que el Gobierno provincial se está haciendo cargo de problemas históricos en cárceles y calle, dejó una advertencia: “En darle tanta vía libre a la policía hay que ser cauteloso. Nosotros podemos ir dando los lineamientos a través de los fallos”.
2. La “Cárcel del Infierno” y el colapso del sistema penitenciario
Sobre el debate acerca de la nueva unidad penitenciaria (apodada mediáticamente como “el infierno”), Baclini le bajó el tono a la polémica y la puso en perspectiva. “El nombre es una cuestión más publicitaria”, aseguró, destacando que el sistema necesitaba infraestructura con urgencia.
El dato que aportó es escalofriante: “En 2014, con el viejo sistema, teníamos 4.400 presos. Hoy, 12 años después, hay más de 13.500”. El ministro advirtió que el crecimiento es del 10% anual. “Si no buscamos formas alternativas de resolución de conflictos para delitos menores, en 5 años vamos a tener 20.000 presos. ¿Dónde los vamos a meter?”, se preguntó. El ministro valoró que hoy el 90% de los presos estén en centros penitenciarios y solo el 10% en comisarías, revirtiendo la histórica paridad 50/50 que convertía a las comisarías en depósitos humanos.
3. El conflicto en San Lorenzo: La distribución de cargas y el “corto circuito” por la interdistritalidad
Uno de los puntos más relevantes para nuestra región fue el abordaje de la justicia en el departamento San Lorenzo y el impacto de los jueces interdistritales. Baclini admitió que la implementación de estas medidas generó “corto circuitos” y malestar en el gremio de fiscales y en la propia gestión judicial local.
“Se generó un natural reclamo de los jueces porque sumaba una carga de trabajo y movimiento”, reconoció. Sin embargo, defendió la política de la Corte de buscar una “equiparación de cargas”. El argumento es matemático: “No podemos permitir que un juez haga 10 causas y otro haga una. Tenemos que procurar que todos ronden entre cuatro y seis”. Baclini adelantó que, tras el ruido inicial, la meta es coordinar con las Oficinas de Gestión Judicial para que los jueces interdistritales operen con eficiencia sin desatender sus distritos de origen.
4. La resistencia al cambio: “La fábrica de impunidad”
Consultado sobre la célebre frase del doctor Erbetta, quien calificó al sistema anterior como una “fábrica de impunidad”, Baclini no dudó. Explicó que el problema era el diseño del sistema: “La política criminal primaria la diseñaba la policía. No podíamos dejar en manos de la policía, que es demasiado selectiva y tiene márgenes de corrupción, la política inicial”.
El ministro confesó que la mayor resistencia al nuevo sistema penal no vino de afuera, sino de adentro. “La mayor resistencia es interna. Me sacan de la comodidad de que ‘esto siempre se hizo así’ y me imponen un saber hacer distinto. Eso genera ruido”. El funcionario reflexionó sobre su propia carrera: “Yo normalmente no pude estar en un mismo lugar más de 6 o 7 años porque la práctica diaria me agotaba. Me motorizaba el cambio”.
5. El desafío de los “Juicios por Jurados” y la presión mediática
Ante los detractores del juicio por jurados que temen por la influencia mediática, Baclini fue tajante. “¿Dónde no influye el medio? Todos vivimos en la misma sociedad”, disparó. Para el ministro, el jurado es una herramienta de “democratización y legitimación del sistema”.
El problema, para el magistrado, no es el ciudadano que va a jurar, sino la falta de un acuerdo ético sobre cómo se comunica el delito. “Hoy, a todos les ponen nombre y apellido antes de que se demuestre nada. Eso es una pena mediática fuertísima”, criticó. Propuso mirar el modelo de Estados Unidos, donde existen acuerdos de restricción informativa antes de los juicios para no entorpecer la investigación ni estigmatizar a los imputados.
6. Justicia Laboral: ¿Por qué hay tanta litigiosidad?
Baclini desmitificó una de las críticas más comunes al sistema: que los peritos de lista “inflan” las incapacidades laborales para cobrar más. “Al auditarlos, los resultados son similares. El nivel de litigiosidad no es culpa de los peritos, es un problema de gestión y plazos”, aclaró.
El ministro señaló que en Rosario ingresan más de 2.200 expedientes anuales contra 1.000 en el resto de la provincia. “Es imposible que rindan igual. Faltan mínimo seis jueces en Rosario para paliar la situación”, reclamó, proponiendo un modelo de gestión de audiencias donde los jueces trabajen en “pools” y las resoluciones sean inmediatas, eliminando la burocracia del expediente escrito que solo sirve para estirar los tiempos y aumentar los intereses.
7. ¿Se investiga al poder?
Finalmente, el tema espinoso: la corrupción y el poder. Baclini admitió que la fiscalía necesita mayor “proactividad” en temas sensibles, pero defendió la autonomía. “El fiscal trabaja en condiciones de mucha presión. Necesitamos una Ley de Ministerio Público que le dé autarquía financiera para que no estén a la expectativa de que les cambien la ley si investigan al poder político”.
Para el ministro, la Justicia santafesina todavía está construyendo “anticuerpos institucionales”. La fiscalía es joven, ha tenido una explosión de ingresos y muchos funcionarios aún no han consolidado la “cintura” necesaria para dar órdenes y sostener investigaciones complejas frente a las presiones del poder.
