La polémica en torno al uso del espacio público y el cumplimiento de las normativas de control volvió a encenderse. En las últimas horas, comenzó a circular con fuerza en las plataformas digitales de los concejales opositores la convocatoria para una “Feria de la Economía Popular”, impulsada por el Movimiento Evita y UTEP, programada para este domingo 12 de julio en la Plaza Aeróbica “Dr. René Favaloro”. Sin embargo, desde la subsecretaría de Producción y Turismo local confirmaron de manera taxativa que la actividad no cuenta con los permisos correspondientes y será considerada “no autorizada”.
Intimación vencida y sin respuestas
El conflicto administrativo se originó tras la presentación de una nota de pedido que buscaba notificar la realización del evento en el espacio público. Ante esto, la Subsecretaría de Producción y Turismo municipal activó los mecanismos de control e informó a los organizadores los requisitos que debían cumplimentar para su autorización, otorgándoles un plazo perentorio para acreditar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 4294.
Al solicitar los organizadores precisiones sobre las exigencias, el área de Producción les recordó el marco legal vigente: el artículo 2° establece que la Secretaría de Gobierno y Cultura, a través de la Subsecretaría de Producción, es la única autoridad de aplicación facultada para habilitar las ferias, coordinar su organización y establecer los requisitos. Vencido el plazo legal sin haberse regularizado la situación, desde el municipio ratificaron que la actividad infringe la normativa. El artículo 4° de la mencionada ordenanza es tajante al respecto: “Toda feria que no cuente con habilitación previa será considerada no autorizada”, habilitando la adopción de las medidas administrativas y legales pertinentes.
El peligro sanitario: manipulación de alimentos sin control
Uno de los puntos que genera mayor preocupación en las autoridades locales y en los organismos de control es el rubro gastronómico dentro del evento. Para que cualquier feria sea habilitada en la provincia de Santa Fe, es una exigencia ineludible que todos aquellos puestos que ofrezcan productos comestibles cuenten con la capacitación y el Carnet de Manipulador de Alimentos oficial (bajo la órbita de la ASSAL). Esta credencial no es un trámite burocrático secundario, sino una garantía sanitaria obligatoria para resguardar la salud de los vecinos y certificar que la mercadería cumple con las condiciones básicas de higiene y conservación. Al no haber presentado la documentación ni los listados requeridos en el plazo otorgado, se desconoce por completo si los feriantes propuestos por la organización cuentan con esta habilitación sanitaria, representando un riesgo potencial para los asistentes.
Redoblan la apuesta: el concejal Cerdera advirtió que la feria “se hace igual”
Para sumar un nuevo capítulo a la tensión, el concejal kirchnerista Martín Cerdera redobló la apuesta y anunció a través de sus redes sociales que la feria se llevará a cabo de todas maneras este domingo, ignorando abiertamente el vencimiento de los plazos y la falta de autorización municipal. En su descargo virtual, el edil opositor tildó el accionar oficial local como una “extorsión” hacia los trabajadores de la economía popular. Las autoridades desestimaron categóricamente estas acusaciones, señalando que la exigencia de los requisitos es la exigencia de la aplicación estricta de una ordenanza vigente que busca darles igualdad de condiciones y seguridad tanto a los feriantes que cumplen con la ley como a todos los habitantes de San Lorenzo.
Desde el área de Producción local explicaron que cuentan con un registro activo de emprendedores y feriantes locales que trabajan bajo reglas claras de manera articulada con la Subsecretaría de Producción y en estricta concordancia con las cámaras de comerciantes de la ciudad.
La ordenanza 4294, sancionada en diciembre de 2025, busca garantizar que se priorice el emprendedurismo sanlorencino por sobre todas las cosas y evitar la competencia desleal con el comercio formalizado que abona sus tasas e impuestos, reforzando la idea de que el espacio público no puede ser usufructuado de manera irregular ni con fines político-partidarios.
