Un nuevo capítulo de alto impacto institucional y político sacude a la Justicia provincial. La Cámara Penal de Rosario revocó la resolución de la jueza de menores Dolores Aguirre Guarrochena —magistrada oriunda de la ciudad de San Lorenzo—, quien había declarado nulo un procedimiento policial llevado a cabo bajo la figura de la “flagrancia virtual” sin orden judicial previa.
Como se recordará a partir de la cobertura realizada oportunamente por SL24, la controversia se originó tras una balacera ocurrida en Rosario donde estuvo involucrado un adolescente de 17 años. En aquella oportunidad, las fuerzas de seguridad utilizaron el sistema Lince y el rastreo de cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial para identificar la vivienda del presunto tirador y concretar un allanamiento unas 12 horas después del ataque.
Para la jueza sanlorencina Aguirre Guarrochena, el paso de medio día entre el hecho y el ingreso policial hacía perder la urgencia constitucional que justifica obviar la orden de un juez, por lo que declaró inválido todo el operativo.
El cómputo de la urgencia tecnológica
Sin embargo, al revisar la causa en segunda instancia, el camarista Tomás Orso revocó la decisión de la magistrada de San Lorenzo y convalidó la actuación de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio de Seguridad.
Orso planteó una interpretación adaptada al uso de nuevas tecnologías: “Las cámaras con inteligencia artificial dan resultados después de varias horas. El momento razonable para analizar la urgencia es desde que el sistema detecta el domicilio hasta que se realiza el allanamiento”, sostuvo el juez, según cuenta Hernán Funes en Cadena 3 Rosario, remarcando que desde la ubicación del inmueble hasta el operativo pasaron pocas horas, compatibles con la logística de despliegue.
Under el precepto de “Sin generar zonas liberadas, ¿por qué no aprovechar las herramientas?”, el camarista argumentó que si la urgencia se mide de forma tradicional desde la comisión del delito, la propia operatividad del sistema tecnológico quedaría en desuso y se impediría el esclarecimiento de hechos complejos.
“Un perro que cuida, pero con correa corta”
Pese a convalidar la actuación de las fuerzas de seguridad, Orso remarcó que el control judicial posterior (que la norma exige dentro de las 24 horas) sigue siendo la garantía infranqueable frente a posibles abusos estatales.
“El sistema puede ser muy útil para esclarecer delitos que antes quedaban impunes, pero no puede transformarse en una zona liberada donde las fuerzas actúen sin controles. Es como tener un perro que nos cuida; tiene que estar con correa corta, porque si no el poder de proteger puede terminar mordiendo a los vecinos”, graficó el magistrado a través de Cadena 3 Rosario.
Respaldo a la jueza de San Lorenzo ante los embates políticos
El expediente también desencadenó un pico de tensión entre los poderes del Estado, luego de que la vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, criticara públicamente a la magistrada sanlorencina Aguirre Guarrochena por su fallo inicial.
En su resolución, Orso repudió de manera enérgica esos cuestionamientos políticos calificándolos como “inapropiados e indecorosos”, al considerar que las descalificaciones hacia los jueces pueden interpretarse como intentos de disciplinamiento e intromisión en la división de poderes.
“La jueza sanlorencina resolvió conforme a derecho y realizó una interpretación sobre la base de los elementos que tenía en ese momento. Para eso existen las instancias de revisión”, remarcó Orso, respaldando el accionar técnico de la magistrada de menores regional pese a diferir en el criterio final. Con esta resolución, la figura de la “flagrancia virtual” recupera plena aplicabilidad operativa en el territorio santafesino.
