Por Nicolás Carugatti
Si existiera un concurso internacional sobre cómo redactar el manual perfecto para dinamitar las posibilidades de ser una nación rica, desarrollada y moderna, la dirigencia política argentina obtendría invariablemente el primer premio con honores. La reciente decisión de retirar de la reunión de labor parlamentaria el tratamiento de la nueva Ley de Biocombustibles es el enésimo recordatorio de nuestra incapacidad estructural para acordar políticas de Estado que trasciendan la coyuntura, los intereses corporativos y la miopía porteña.
Lo que debía ser el debate definitivo para actualizar una normativa vieja y deficiente, impulsado a través del dictamen de la senadora oficialista Patricia Bullrich, terminó desmoronándose antes de pisar el recinto. La explicación no radica en una sutileza técnica ni en una incompatibilidad insalvable del texto, sino en una telaraña de presiones subterráneas donde el lobby petrolero volvió a imponer condiciones a espaldas del interior productivo.
La propia Bullrich transparentó la génesis de esta grieta cuando, en pleno debate de las comisiones de Minería y Energía, sentenció una frase que quedará grabada en los anales del despropósito industrial: “Para nosotros lo más importante es YPF”. Esa definición no fue un simple desliz retórico; fue la confirmación explícita de un modelo que subordina la transición energética global, la potencia agroindustrial y el arraigo territorial a la comodidad contable de las refinadoras fósiles.
Esa postura encendió de inmediato una resistencia irreductible en las provincias productoras. Gobiernos y legisladores de Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa entendieron que el proyecto oficialista no venía a potenciar la matriz limpia sino a disciplinarla. En el caso santafesino, la señal fue unánime y contundente: los tres senadores provinciales, Eduardo Galaretto, Carolina Losada y Marcelo Lewandowski, adelantaron su voto negativo al constatar que el dictamen licuaba las aspiraciones de la provincia que genera el grueso del combustible verde del país.
A la puja con el sector hidrocarburífero se sumó la feroz interna que divide a la propia cadena de valor agroindustrial. Por un lado, las plantas pymes no integradas, que consideran que la desregulación total del mercado doméstico fijada para 2031 en el texto oficial representaba una sentencia de muerte ineludible. Sin parámetros de protección ni cupos asignados, las pymes advierten que no tienen margen financiero para subsistir ante gigantes con capacidad para fijar precios a pérdida. En la vereda de enfrente, las grandes aceiteras integradas —aquellas que muelen el poroto de soja y procesan el biodiésel en una misma terminal continua— reclaman competir abiertamente en el mercado interno mediante licitaciones de precios con las petroleras, haciendo valer su enorme escala y su eficiencia instalada.
Como si el escenario no fuera lo suficientemente intrincado, el capítulo del bioetanol profundizó la discordia. Mientras las provincias cañeras y maiceras habían consensuado un sendero de corte obligatorio que escalaba rápidamente hacia el 15 por ciento, el dictamen del gobierno lo planchó mezquinamente en un 10 por ciento, demostrando una incomprensible aversión a sustituir importaciones de naftas con trabajo y granos locales.
En el medio de este fuego cruzado queda atrapada la región de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes. Este rincón del planeta ostenta la mayor concentración de capacidad de molienda y producción de biocombustibles del mundo entero. Contamos con las terminales más modernas, los puertos de aguas profundas sobre el río Paraná, la tecnología de punta y el capital humano para ser indiscutiblemente el “Dubái de las Pampas”, transformando biomasa renovable en energía soberana para el transporte, el agro y la exportación de corte internacional.
Sin embargo, elegimos seguir perdiendo el tren de la historia. Mientras Brasil consolida mandatos de mezcla que superan el 14 por ciento rumbo al 20 por ciento y Estados Unidos apuntala el consumo de etanol a niveles récord, Argentina prefiere que los proyectos de ley se pudran en los cajones del Congreso. Las cartas y documentos desesperados que emitieron las cámaras empresarias para exigir que el debate llegara al recinto chocaron contra la pared del inmovilismo político.
Al postergar la Ley de Biocombustibles no ganaron las petroleras, ni las pymes, ni las aceiteras, ni el Estado. Perdió, una vez más, el desarrollo nacional. Seguiremos quemando divisas para importar gasoil fósil en cada pico de cosecha, estrangulando inversiones multimillonarias y castigando al polo más productivo de la Argentina, solo para confirmar que nuestra dirigencia no sabe, no quiere o no tiene el coraje de permitir que este país sea verdaderamente rico.
