El desembarco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) comenzó a redibujar el mapa del complejo agroexportador argentino a una velocidad vertiginosa. Con la promesa de estabilidad fiscal por treinta años, exenciones impositivas de fondo y la posterior eliminación gradual de los derechos de exportación, las principales compañías multinacionales y nacionales aceleraron desembolsos millonarios para levantar o ampliar infraestructuras de procesamiento continuo. Sin embargo, detrás del brillo de las cifras récord se esconde una encrucijada geográfica, tecnológica y social que impacta de lleno en el corazón productivo del río Paraná: el destino de las terminales tradicionales emplazadas dentro de los cascos urbanos y el futuro de sus dotaciones de personal.
La advertencia, formulada públicamente por el exsecretario gremial de SOEA San Lorenzo y estudiante de abogacía, Martín Morales, puso el foco en una asimetría que amenaza con romper la estructura laboral regional. Mientras capitales como Louis Dreyfus Company (LDC) comprometen 400 millones de dólares para desarrollar megaproyectos en Bahía Blanca, y firmas como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Molinos Agro proyectan desembolsos combinados por hasta 800 millones de dólares en la zona norte de Timbúes, las plantas históricas de la región quedan presas de un desfase operativo irreversible.
El nudo del conflicto radica en las condiciones materiales de estas unidades fabriles pioneras. Complejos industriales como los instalados en General Lagos, o las terminales que con el paso de las décadas quedaron cercadas por el avance inmobiliario y habitacional de San Lorenzo y Puerto General San Martín, enfrentan límites físicos infranqueables para expandirse. No cuentan con espacio para ampliar playas de camiones, sufren conflictos permanentes por el tránsito pesado en las calles vecinales y operan con líneas de molienda que demandan costos de mantenimiento y energía muy superiores a los de las nuevas plantas diseñadas bajo estándares de automatización total.
En términos económicos, la brecha es letal. Las instalaciones tradicionales deberán seguir tributando bajo el esquema fiscal general, mientras que las nuevas megaplataformas procesarán con ventajas arancelarias exclusivas. Esta disparidad sitúa a las fábricas urbanas en un riesgo directo de pérdida de competitividad, abriendo la puerta a procesos graduales de relocalización de líneas de producción, vaciamiento operativo o cierres definitivos a mediano plazo.
Frente a este horizonte, la gran pregunta recae sobre los trabajadores aceiteros. La reconversión industrial no sólo implica el desplazamiento físico del capital, sino la adopción masiva de Inteligencia Artificial en calados automáticos, monitoreo de logística y optimización de extracción de aceite, tareas que en los nuevos diseños requieren una fracción de la mano de obra tradicional.
El reclamo gremial que asoma desde las bases advierte que las organizaciones sindicales no pueden limitarse a discutir paritarias salariales mientras el modelo de negocios cambia de raíz. El debate exige sentarse a discutir la planificación estratégica de estas inversiones, reclamar mesas tripartitas con el Estado y las empresas, y fijar cláusulas de estabilidad, traslados consensuados y capacitación técnica obligatoria, evitando que el nuevo mapa agroindustrial termine consolidando polos de privilegio fiscal a costa de dejar plantas vacías y trabajadores a la deriva a la vera del Paraná.
