El recambio de autoridades en el Juzgado de Familia de los Tribunales Provinciales de San Lorenzo no implicó una mera transición administrativa; abrió un verdadero choque de paradigmas en la práctica jurídica cotidiana de la ciudad. El retiro por jubilación del histórico juez Marcelo Scola dio paso a la llegada del doctor Hernán Andrés Julián, quien desembarcó en el despacho con una premisa terminante que ya genera intensos debates en los pasillos de calle San Carlos: “La uniformidad de criterios es aplicando la ley”.
La nueva impronta contrastó de inmediato con las costumbres arraigadas en el foro local. Durante años, los profesionales del derecho estructuraron su actividad bajo los criterios y dinámicas del juez saliente, consolidando una modalidad de litigio que prácticamente no registraba objeciones en instancias superiores. Esa particularidad quedó explícitamente expuesta durante un reciente conversatorio sobre Derecho de Familia organizado en forma conjunta por el Colegio de Abogados de la 2° Circunscripción (Delegación San Lorenzo) y la Asociación de Abogados del Departamento San Lorenzo.
En ese encuentro institucional, que contó con la destacada presencia del camarista Marcelo Molina, se reconoció de forma abierta que los letrados sanlorencianos casi no presentaban recursos de apelación ante la Cámara rosarina contra las resoluciones que dictaba Scola. Aquella baja conflictividad recursiva respondía a un esquema de previsibilidad y acuerdos tácitos que la nueva gestión decidió clausurar desde el primer día.
El principal foco de inquietud gremial y económica que sacude a los estudios jurídicos radica en las regulaciones de honorarios profesionales. Según pudo confirmar SL24 en el ámbito tribunalicio, los estipendios que viene fijando Julián se sitúan en montos sensiblemente más bajos que los baremos históricos que solía establecer su antecesor. La retracción en las cuantías arancelarias encendió luces de alarma entre los matriculados, acostumbrados a parámetros de liquidación más holgados en las causas del fuero.
Lejos de matizar su postura o eludir la controversia, el flamante magistrado definió su criterio con una crudeza inhabitual para el lenguaje judicial: “Acá se va a aplicar el derecho, tanto de fondo como de forma, y van a tener que aprender a hacer recursos; si uno no está de acuerdo va a tener que ir a la Cámara y el juez no está para hacer acción social”.
La sentencia de Julián marca el inicio de una etapa mucho más formalista, técnica y rigurosa en los tribunales locales. El mensaje hacia los abogados litigantes resulta inequívoco: el tribunal ya no funcionará como un espacio asistencialista o de componendas flexibles, obligando a las partes a elevar el estándar de fundamentación doctrinaria, ajustar los planteos al rigor de los códigos procesales y dirimir las disconformidades en los tribunales de alzada de la ciudad de Rosario.
