La media sanción que obtuvo en el Senado el proyecto de la nueva Ley de Biocombustibles generó un inmediato respaldo por parte de los principales actores del entramado productivo nacional. A través de un comunicado oficial, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebró el avance legislativo, definiéndolo como un paso fundamental hacia el desarrollo sustentable, la agregación de valor en origen y la consolidación de la transición energética del país.
El renovado optimismo del sector privado radica en las modificaciones técnicas que introduce el nuevo marco regulatorio. El proyecto establece un incremento gradual en los cortes obligatorios de mezcla, elevando el piso del bioetanol al 15 por ciento en las naftas y el del biodiésel al 10 por ciento en el gasoil. Esta previsibilidad normativa, largamente reclamada por las fábricas del Cordón Industrial, impactará de manera directa en las cadenas de valor de la soja, el maíz y la caña de azúcar.
En términos económicos, el impacto proyectado es mayúsculo. De acuerdo con las estimaciones elaboradas por las cámaras que integran el CAA, la plena implementación de la ley motorizará inversiones privadas superiores a los 1.000 millones de dólares. Estos desembolsos de capital serán destinados a la ampliación de la capacidad instalada en las plantas existentes, el desarrollo de nueva infraestructura logística y la generación de tecnologías vinculadas a energías limpias. Además, la sustitución de importaciones de combustibles fósiles garantizará un ahorro estratégico de divisas para el Banco Central.
El texto aprobado en el Senado estipula que el nuevo régimen entrará en plena operatividad a partir del año 2027, otorgando al sector agroexportador el horizonte de certeza indispensable para planificar sus inversiones a largo plazo.
“Aprobar este marco regulatorio es apostar a más federalismo, menor huella de carbono, mejorar la calidad de los biocombustibles y lograr un precio competitivo para el consumidor, con especial beneficio para el agro y la creación de empleo de calidad”, señaló Gustavo Idígoras, presidente del CAA. En un claro mensaje hacia la Cámara baja, el dirigente concluyó: “Queda ahora en manos de la Honorable Cámara de Diputados sancionar definitivamente la ley para transformar este potencial productivo en una realidad para la economía argentina a partir de 2027”.
