“Garantismo bobo”. Con esa definición categórica, el gobernador Maximiliano Pullaro describió en reiteradas oportunidades la doctrina que imperó durante años en los despachos judiciales y políticos de la provincia de Santa Fe, coincidiendo con etapas de récord delictivo y desprotección ciudadana. En las últimas horas, una audiencia penal celebrada en los Tribunales de San Lorenzo volvió a ratificar de forma contundente la máxima del mandatario provincial, dejando al descubierto los abismos de criterio que conviven dentro de una misma jurisdicción.
En el banquillo de los acusados se sentó Facundo Videla, un conocido y peligroso delincuente que mantenía en vilo a los vecinos de la ciudad. El fiscal Maximiliano Nicossia le formuló cargos por los delitos de violación de domicilio y robo en grado de tentativa, luego de haber sido sorprendido in fraganti cometiendo un nuevo ilícito.
Frente a la contundencia de las pruebas y la reiteración delictiva, el juez Carlos Gazza adoptó una postura determinante: ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 60 días con prórroga automática. Además, el magistrado impartió una instrucción directa y poco habitual al Ministerio Público de la Acusación: avanzar de manera acelerada con la acusación formal para llevar a Videla a juicio oral y público sin dilaciones.
El antecedente de la polémica: la libertad otorgada por Strólogo
La gravedad del caso radica en el historial inmediato del acusado. Videla no era un desconocido para los tribunales locales: transitaba su vida cotidiana en libertad a pesar de contar con cuatro causas abiertas por delitos de robo. Ese beneficio de excarcelación había sido concedido recientemente por otra jueza de San Lorenzo, Griselda Strólogo.
La decisión de la magistrada de no imponer una medida cautelar restrictiva de la libertad a un sujeto con semejante acumulación de hechos delictivos derivó en lo previsible: Videla volvió a ingresar a una vivienda y volvió a intentar robar, poniendo nuevamente en peligro la integridad y los bienes de la comunidad.
El contraste entre la resolución de Strólogo y el freno impuesto ahora por Gazza grafica a la perfección el debate de fondo sobre la seguridad pública. La disparidad en la fijación de las medidas cautelares alimenta la sensación de “puerta giratoria” que tanto desgasta la confianza de la sociedad civil. Tal como viene señalando la gestión provincial, la aplicación de un garantismo dogmático y desapegado de la realidad termina desprotegiendo a las víctimas y neutralizando el esfuerzo operativo de las fuerzas policiales. Para frenar la reincidencia, el camino ineludible es que los delincuentes reiterantes permanezcan bajo prisión preventiva y afronten juicios rápidos para ser condenados.
