La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe suspendió preventivamente a Sabina Sansarricq, titular del Juzgado de Familia N° 7 de Rosario, por presuntas irregularidades vinculadas con la filtración de información de un expediente judicial. La decisión incluye la apertura de un sumario administrativo y se suma a una investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La denuncia fue presentada por los abogados Sergio Bollatti y Fabio Cerutti Saco. En diálogo con Radioinforme3, de Cadena 3 Rosario, Bollatti sostuvo que la magistrada habría obtenido información de una causa que estaba a cargo de otra jueza y se la habría transmitido a una amiga, quien sería parte de la contraparte en el conflicto judicial.
“Sacaba información de un expediente que manejaba otra jueza y se la pasaba a la contraparte”, afirmó el letrado, quien aseguró que existen elementos que respaldarían la presentación.
Audios, mensajes y fotos del expediente
Según relató Bollatti, durante la investigación se secuestró el teléfono celular de la mujer que habría recibido la información. En el dispositivo, de acuerdo con el abogado, se encontraron audios, mensajes de texto y fotografías de partes del expediente.
“La evidencia es muy fuerte”, aseguró. Y agregó: “Hay audios con la voz de ella, también textos y fotos de algunas partes del expediente”.
El denunciante indicó que la información presuntamente compartida incluía movimientos y detalles sobre el avance de las actuaciones judiciales. También señaló que, en determinadas ocasiones, la magistrada habría manifestado tener influencia para que el expediente no avanzara con la rapidez que pretendían los denunciantes. No obstante, sostuvo que la jueza que tenía a su cargo la causa finalmente la resolvió dentro de los plazos que consideraban adecuados.
La denuncia se originó en un conflicto patrimonial que involucra a una clienta de los abogados, cuya capacidad para realizar determinados actos fue restringida judicialmente y a quien se le designaron apoyos para administrar y disponer de sus bienes.
Según explicó Bollatti, luego de la muerte del marido de la mujer, quien era propietario de estaciones de servicio, inmuebles y vehículos, un sobrino del fallecido habría comenzado a utilizar y transferir parte del patrimonio.
La representación legal busca que se declaren nulos esos actos y recuperar los bienes que considera que fueron transferidos en perjuicio de su clienta.
Investigación administrativa y penal
En cuanto a la situación de Sansarricq, Bollatti explicó que la Corte rechazó el pedido de un procedimiento de urgencia, pero dispuso la suspensión provisoria de la magistrada, sin un plazo determinado, y la apertura de un sumario administrativo.
De acuerdo con la información que manejan los denunciantes, la medida implica una reducción del 50% de los haberes de la jueza. En paralelo, la investigación penal continúa en el MPA, bajo la intervención de la fiscal Karina Bartocci.
“Es la primera vez que denunciamos a un juez en casi 30 años de ejercicio profesional”, afirmó Bollatti, quien justificó la decisión de avanzar judicialmente por la gravedad de los hechos denunciados y su posible impacto en la confianza pública en la Justicia.
La investigación deberá establecer si existió una filtración irregular de información judicial y determinar las eventuales responsabilidades. Por el momento, se trata de hechos denunciados que deberán ser esclarecidos en las instancias correspondientes.
