Durante el plenario desarrollado en la Plaza San Martín con motivo del Día de la Lealtad, el intendente Carlos De Grandis profundizó sobre los motivos que enfrentaron a su administración con la alianza opositora en las últimas elecciones y puso el foco en uno de los expedientes más controvertidos del frente costero: el intento de radicación de un negocio de abastecimiento de combustible en la ribera local, vinculado al operador Fernando Cerimedo.
Al detallar los intereses en juego que rodearon la campaña electoral en la ciudad, De Grandis marcó un contraste tajante entre la actuación del municipio y los compromisos que, según denunció, había asumido el espacio opositor articulado entre el sector gremial aceitero y la coalición provincial.
“Nosotros lo clausuramos”
El jefe comunal puertense recordó que el proyecto que buscaba operar en la zona de la costa no contaba con las condiciones técnicas, urbanísticas ni de seguridad requeridas por la normativa local. Frente a esa situación, ratificó que fue la Municipalidad de Puerto General San Martín la que intervino de manera directa para frenar la actividad comercial en el predio.
De Grandis subrayó la firmeza del Estado municipal para frenar el avance del emprendimiento y expuso la promesa electoral que existía detrás si cambiaba el signo político en la ciudad: “Nosotros lo clausuramos y ellos lo iban a habilitar si ganaban la elección”.
El trasfondo del negocio en la ribera
La mención del intendente remite a las actuaciones sobre el predio costero de la guardería náutica, ubicado en un sector de alta sensibilidad operativa entre grandes terminales portuarias. En ese lugar, a través de la firma Sanabria SRL —en la que figuraba como socio el dirigente aceitero y candidato del frente opositor, Marcelo Molins—, se intentó montar una base de expendio de combustible para embarcaciones que luego sumó la participación accionaria de firmas ligadas a Fernando Cerimedo.
La pretensión de avanzar con un punto de despacho y servicios de bunkering sobre el canal fluvial tropezó con las inspecciones y resoluciones de clausura dictadas por el Ejecutivo municipal, que rechazó convalidar permisos provisorios sin los estudios de impacto ambiental y la factibilidad técnica correspondientes.
La regulación municipal frente a las presiones
Con esta revelación, De Grandis argumentó que la disputa por el poder político en Puerto General San Martín no respondía únicamente a cargos institucionales, sino a la intención de revertir las clausuras y habilitar negocios en el área portuaria que el municipio había bloqueado por la vía formal.
El mandatario local ratificó que la potestad de control del municipio sobre su frente costero no se negocia y advirtió que la gestión local continuará ejerciendo el poder de policía para evitar radicaciones irregulares, sin ceder ante presiones políticas ni acuerdos de campaña.
