Las imágenes son elocuentes y circularon con velocidad en los teléfonos celulares de la región: en plena vía pública, a la luz del día y a la vista de otros jóvenes, un muchacho empuña un arma de fuego y dispara a corta distancia contra otro que se encuentra sobre una bicicleta con fines netamente intimidatorios. Lejos de ser un altercado callejero menor, la escena reproduce la matriz de dominación territorial y ajuste de cuentas típica de la narcocriminalidad barrial.
El episodio derivó en un operativo de urgencia desarrollado por efectivos de la Unidad Regional XVII este martes alrededor de las 18:15 en calle Francia al 1200 (entre las alturas catastrales 1279 y 1298). Al arribar una patrulla tras las alertas al 911 por estampidos de bala, el escenario era de extremo nerviosismo: decenas de vecinos congregados en la calle, una vivienda violentada con daños materiales, el robo de una bicicleta y la posterior aprehensión en las inmediaciones de uno de los sospechosos de la intrusión.
Pruebas balísticas en el pavimento
Minutos después de la aprehensión, otro residente del sector señaló ante los agentes que el mismo individuo arrestado había disparado contra el frente de su inmueble. Ante la gravedad del cuadro, se convocó al Gabinete de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos peritos delimitaron el perímetro y procedieron al levantamiento de vainas servidas y munición intacta esparcida en la calzada, certificando de manera irrefutable que las detonaciones existieron y que se utilizó munición de guerra.
El sumario policial fue derivado formalmente a la Comisaría 7ª de San Lorenzo bajo las calificaciones iniciales de robo, daños y abuso de arma de fuego, dándose intervención a la Fiscalía en turno.
La parálisis del “no te metas” y la complicidad vecinal
Sin embargo, el obstáculo más crítico emergió una vez que cesó el estruendo de los disparos: ninguno de los testigos, damnificados ni vecinos congregados en la cuadra se presentó a formalizar la denuncia penal ante la sede policial ni en la Fiscalía.
Este silencio absoluto desnuda una realidad preocupante en las barriadas del Cordón Industrial. Por temor a represalias directas, por pertenencia o por una naturalización resignada de la violencia, rige un pacto tácito donde rigen los códigos de la calle por sobre la ley institucional.
Para los investigadores policiales y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, esta conducta vecinal representa el principal blindaje para quienes delinquen. Sin denuncias formales que ratifiquen los testimonios, sin declaraciones testimoniales firmadas y sin víctimas dispuestas a sostener lo que denuncian a viva voz frente al patrullero, el sistema acusatorio enfrenta enormes restricciones procesales para sostener prisiones preventivas o construir causas que permitan encarcelar a los cabecillas de estas disputas armadas.
La advertencia de las autoridades judiciales es categórica: el combate contra las bandas que intentan colonizar las calles con armas de fuego exige el compromiso institucional de la propia comunidad. Mirar para otro lado o callar en sede penal no frena las balas, únicamente garantiza que los tiradores vuelvan al barrio a las pocas horas.
